El gobierno de Enrique Peña Nieto definió sus políticas de crecimiento y desarrollo urbano: basta de construir en las periferias, es tiempo de crecer hacia arriba. De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, es prioridad de este gobierno “la conformación de ciudades compactas, pues refuerza el tejido urbano y la cohesión social en tanto sus habitantes pueden disponer de más tiempo para compartir en familia y con la comunidad, en espacios públicos de mejor calidad”.
Destaca este modelo porque “contribuye a la prevención del delito y a la generación de alternativas para reducir los asentamientos en zonas de riesgo, por medio de acciones materiales de servicios públicos y vivienda”.
En una investigación de Periódicos Asociados en Red (PAR) en nueve estados sobre créditos vencidos y abandono de vivienda de interés social, se localizaron fraccionamientos semipoblados, con casas deshabitadas y en distinto grado de descuido, vandalizadas y muchas veces invadidas; son inmuebles rodeados de terrenos agrícolas, a la orilla de la ciudad y lejos de centros de trabajo y escuelas.
Entre las entidades con más créditos vencidos del Infonavit son Tamaulipas (10, 928), Estado de México (10,081), Jalisco (7,388) y Distrito Federal (6,910). La dependencia proporcionó una base de datos con las hipotecas morosas por entidad y municipio, como respuesta a una solicitud de información acerca del número de viviendas abandonadas en el país.
Un análisis revela que en sólo 27 ciudades se concentra la mitad de los créditos vencidos de un total de 706 municipios que reportan adeudos de beneficiarios.
Parte de la conclusión es que las políticas de vivienda en México han cambiado al privilegiar ahora el desarrollo vertical en centros urbanos. Pero no hay una estrategia unificada para abatir el problema heredado de las últimas dos administraciones federales, en donde se impulsó la construcción de fraccionamientos en municipios aledaños a las zonas urbanas.
Todos los pobladores enfrentan la misma disyuntiva: ni las inmobiliarias ni ayuntamientos asumen la plena responsabilidad ante sus demandas y protestas. Aunque hay programas enfocados al saneamiento y rescate de casas abandonadas, las estrategias en cada municipio varían para solucionar un problema común.
Yucatán discute una Ley de Expropiación que faculta al estado para expropiar casas y terrenos para darles un uso adecuado. En Baja California se evalúan polígonos de contención para determinar dónde es apta la construcción de vivienda. En Durango la adquisición de casas por parte del municipio para reasignarlas a burócratas es también una opción que se evalúa.
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