León, Gto. El Ayuntamiento de León asignó un contrato por 11.4 millones de pesos a la empresa Tecnovigilancia, cuyos supuestos accionistas son en realidad trabajadores que están registrados en la nómina de Promali, empresa que también es proveedora del municipio y que es propiedad de Antonio Bujaidar Solís, sobrino de la esposa del alcalde Héctor López Santillana.
Al mismo tiempo, el municipio de León otorgó otro contrato a Bujaidar Solís para mantenimiento y limpieza de inmuebles municipales por 22 millones de pesos anuales.
De esta manera, dos empresas vinculadas directa y simuladamente a un familiar político del alcalde panista, recibieron contratos por 33 millones de pesos en licitaciones realizadas de forma exprés por el comité de adquisiciones del municipio, presidido por el síndico Carlos Medina Plascencia, quien ha sido uno de los mayores críticos de la presunta corrupción de la pasada administración priista.
Los tiempos de la licitación se apresuraron debido a que “se tenia el tiempo encima”, según reconoció el regidor del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, integrante del comité.
La licitación del 8 de febrero
El pasado 8 de febrero, el Comité de Adquisiciones sesionó para determinar quiénes serían los ganadores de las licitaciones para la limpieza de los inmuebles municipales, así como la vigilancia de los mismos.
La licitación correspondiente al tema de limpieza se falló a favor de la empresa Profesionales en Mantenimiento y Limpieza S.A. de C.V. (Promali) por ser la que presentó el presupuesto más bajo con una diferencia de 100 mil pesos contra las otras tres empresas que participaron en el concurso.
Promali presentó una cotización de 1 millón 876 mil 229 pesos mensuales, es decir, 22 millones 514 mil 758 pesos anuales, ganando automáticamente la licitación.
De acuerdo al acta constitutiva de la empresa, ubicada en la calle 21 de Marzo de la colonia Jol Gua Ber de León, es una sociedad que preside Antonio Bujaidar Solís como socio mayoritario, quien es sobrino directo de Lourdes Solís, esposa de Héctor López Santillana y actual Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en León.
En el apartado de vigilancia para los inmuebles municipales, el Comité de Adquisiciones falló a favor de la empresa Tecnovigilancia S.A. de C.V., quien también presentó la propuesta más baja con 953 mil 670 pesos mensuales, es decir, 11 millones 444 mil pesos anuales.
Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad, primeramente por el Comité y después por el Ayuntamiento.
El 22 de febrero el Comité de Adquisiciones determinó que no se tomaría en cuenta el historial de las empresas proveedoras del municipio antes de asignarles nuevos contratos, pues no cuentan con un registro oficial del trabajo desempeñado por las empresas.
Tecnovigilancia: empresa de prestanombres
La empresa Tecnovigilancia, ubicada en Campestre #2804, fue constituida el 25 de noviembre del 2010 ante el notario Erik Javier Torres Hernández (quien también llevó registros de Promali), como una sociedad compuesta por 100 acciones con un valor de 500 pesos cada una para conformar un capital de 50 mil pesos.
En aquel momento, la empresa contaba con dos socios: Juan Mauricio González Rodríguez, propietario del 70 por ciento de las acciones con un valor de 35 mil pesos y Ramón González Muñoz, propietario del 30 por ciento de las acciones con un valor de 15 mil pesos.
El Administrador Único de la empresa era Ramón González Muñoz y el comisario de la sociedad era Emmanuel Barroso Mendoza.
Posteriormente, el 17 de enero del 2014, en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se acordó la venta de acciones y el nombramiento de un nuevo Administrador Único, designándose a Ana Lilia Hernández Lozano, quien pasó a ser la propietaria del 95 por ciento de las acciones con un valor de 45 mil pesos.
A la par, Juan Mauricio González Rodríguez, antes socio mayoritario, pasó a ser socio minoritario con tan sólo el 5 por ciento de las acciones con un valor de 5 mil pesos.
La empresa tuvo un tercer cambio el 1 de octubre del 2015, cuando decidió ampliar su objeto social para ofrecer, además de servicios de vigilancia, todo tipo de servicios relacionados con la jardinería y plantas.
Además, precisó que los mismos podrían ofrecerse a “personas físicas, morales, instituciones públicas, privadas y cualquier dependencia de gobierno, ya sea Municipal, Estatal o Federal”, según señala la modificación del acta constitutiva.
Son empleados de Promali
De acuerdo a los registros de nómina obtenidos por Zona Franca, tanto Juan Mauricio González, primer socio mayoritario de Tecnovigilancia y actual socio minoritario, como Emmanuel Barroso, comisario de la sociedad, son trabajadores de la empresa Promali.
En el caso de Juan Mauricio González, hasta el 16 de julio del 2012, es decir, 2 años después de constituirse Tecnovigilancia, era trabajador de Promali donde se desempeñaba realizando servicios de limpieza de ventanas y fachadas.
Además tenía su domicilio en la calle Uno de la colonia Flores Magón, es decir, a un par de cuadras de donde se ubica la empresa Promali.
En agosto del 2014, Juan Mauricio González cambió a la nómina de la empresa Tecnovigilancia donde se desempeña realizando servicios de protección y custodia.
Por su parte, Emmanuel Barroso Mendoza, quien funge como comisario de la sociedad de Tecnovigilancia, labora en Promali desde el 2002.
Hasta abril del 2015 realizaba labores de aseo y limpieza sin maquinaria ni equipo motorizado, y previamente se desempeñaba en limpieza de ventanas y fachadas.
De acuerdo a fuentes internas, Barroso Mendoza nunca ha trabajado o ha sido insertado en la nómina de Tecnovigilancia.
No cuentan con licencia
En la última Comisión de Gobierno, celebrada el lunes 7 de marzo, el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, informó que la empresa Tecnovigilancia carece de las licencias para ofrecer servicio de vigilancia y seguridad, por lo que solicitó una ficha con los datos de la misma.
En entrevista posterior detalló que existen dos posibilidades: o bien las licencias caducaron mientras se efectuaba el proceso de la licitación que recientemente se le aprobó, o bien las tenía caducadas desde antes y de todos modos se otorgó el contrato.
Dijo que tendrá que esperar a que se le entregue la información requerida aunque de darse la segunda opción, es decir, que Tecnovigilancia haya tenido la licencia caducada desde antes del proceso de licitación en el que participó, entonces existiría la posibilidad de que se le revocara el contrato.
