Uno de los hombres clave en materia de salud de Guanajuato, Héctor Martínez Flores, está en la mira de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) de Guanajuato.
Según la versión de María del Carmen Balderas Parada, quien integró el subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud y recientemente despedida por anomalías, según la SGP, lo acusa.
En respuesta, el director general de servicios de salud, cargo equiparable a subsecretario, advierte que debe ser la dependencia fiscalizadora (SGP) quien investigue y de un fallo definitivo “el tema está en la Gestión Pública, que se investigue, pues” menciona en una primera declaración.
CUANDO TODO EMPEZÓ
Tras el despido de 30 funcionarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato que ordenó la Secretaría de la Gestión Pública por incurrir en actos ilegales a la función pública, una serie de acusaciones sobre actos de corrupción, omisión, delincuencia y hasta de venganzas políticas llegaron en desbandada.
La tarde del viernes 1 de abril María del Carmen Balderas Parada dejó en el despacho del secretario de la Gestión Pública Luis Ernesto Ayala Torres, una misiva donde se inconforma por su despido tras 20 años en la Secretaría de Salud y argumenta que se le despidió por haber participado como suplente, en tres ocasiones, en el subcomité de adquisiciones.
De paso lanza sendas acusaciones al director general de Servicios de Salud, Héctor Martínez Flores, el segundo hombre en importancia dentro de la Secretaría de Salud, a quien responsabiliza de encabezar lo que llama “delincuencia organizada” dentro de esa dependencia.
QUE SE INVESTIGUEN DENUNCIAS
Según las acusaciones de María del Carmen Balderas Parada, el director de Servicios de Salud Héctor Martínez Flores, habría construido junto con Carlos Villanueva Rivera, director del ISAPEG, Julián Valero Rodríguez, director del Hospital de Irapuato, Antonio Mejía, Daniel Díaz Martínez y José Luis Martínez Cendejas, asesores de Jorge Armando Aguirre Torres, habrían realizado acciones fuera de la ley.
La denuncia que todavía está en un cajón y de la cual la Secretaría de la Gestión Pública no habló con Zona Franca –aunque sí enviaron un comunicado de prensa a dos medios impresos- señala que se habrían realizado contratos por hasta 258 millones de pesos a través de una empresa en la que, los señalados tendrían intereses.
Según Balderas Parada, conoció el entramado de la corrupción al interior de la Secretaría de Salud, supo de los responsables, menciona los días y lugares donde se realizaban los ilícitos y hasta las empresas, pero no fue sino hasta ahora, que fue cesada, que dio a conocer los detalles.
Ante tal situación, el director de Servicios de Salud, Héctor Martínez Flores, en una primera declaración mencionó que el tema “ya está en la Gestión Pública, ahora que se investigue”, el funcionario evitó hacer más comentarios.
SOSPECHOSISMO EN PLENO
No sólo a través de las vías institucionales es que se han realizado las denuncias. Lo mismo en los espacios de foro de lector, correos electrónicos y en los corrillos panistas, sobre todo, es donde se dan las denuncias de todo tipo.
A Zona Franca llegó esta denuncia “se va un buen hombre, que estuvo engañado por el director de servicios de salud y el director de administración. Llega un corrupto, ahí le va por qué. Hace 8 años le dio el nombramiento al jefe de Jurisdicción de Salamanca y éste último sigue vendiendo plazas, robando material que quitan de los centros de salud que, según ellos, en contubernio con los constructores, cambian de los centros de salud material en buen estado que después venden. Negocio redondo. ¿Qué pasó con la Gestión Pública?, ¿Qué pasó con todo el medicamento que se caducó en la jurisdicción?. ¿Qué pasa Éctor Jaime?”.
Otro más: “ojalá el Dr. Ramírez Barba realice mejoras en el ISAPEG. Bastaría revisar cuántos familiares y amigos fueron contratados en el seguro popular, dengue, influenza, ect., en el período del Dr. Jorge Armando Aguirre”.
Se enviaron además, correos electrónicos en los que se desliza la sospecha de actos de corrupción que estarían involucrando a otras dependencias, sobre todo, la Secretaría de Finanzas y Administración, por el tema de licitaciones públicas.
En los corrillos políticos incluso le dan una connotación de venganza política, que van desde la configuración y fortalecimientos de grupos, hasta debilitamientos y fortalezas de otros. Por ejemplo, se hilvana la versión de la cercanía de Jorge Armando Aguirre con Gerardo Mosqueda Martínez y Ricardo Torres Origel.
Por el otro lado, se lanza un dardo que apunta a Miguel Márquez Márquez a quien se responsabiliza de no atender las denuncias cuando, en 2007, le llegaron por primera vez.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Aunque la Secretaría de la Gestión Pública no dio una versión oficial, el 25 de marzo pasado el titular de esa dependencia Luis Ernesto Ayala Torres, advirtió que las primeras recomendaciones, el despido de una treintena de funcionarios, no eran las últimas acciones pues todavía tenían varios pendientes por atender.
Todavía falta la revisión del Congreso de Guanajuato al uso de los recursos públicos, falta que solvente de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación donde se hallaron desórdenes administrativos y falta, todavía, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, concluya sus primeros resultados tras la denuncia penal que hay en esa dependencia.
No obstante que el titular Jorge Armando Aguirre Torres, ex secretario de Salud de Guanajuato, conoció de varias denuncias e, incluso, de las resoluciones preliminares, todavía no está exonerado de las investigaciones por actos de corrupción que, incluso, le valieron el puesto.
