El viernes pasado, por solidaridad, alrededor de 20 campesinos rechazaron el pago de sus granos, indicando que el pacto había sido que se les saldaría a todos, pero no se cumplió, toda vez que tanto los representantes de Aserca como de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) no acudieron a constatar el legal cumplimiento por parte de la integradora Iagrocen, responsable del fraude a los campesinos por más de 500 millones de pesos ocurrido desde 2008.
“No hemos tenido ningún apoyo del gobierno para que se diga: usted le va a pagar a estos. Han venido con nosotros y hemos hecho alguna minuta en el cual Aserca debería de estar cada que vienen estos señores (de Iagrocen) a pagarnos y cosa que no está”, indicó Francisco Amézquita Soto, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Salamanca y quien lidera al grupo de defraudados.
Agregaron que el gobierno estatal, y en especial el secretario Agropecuario, José María Anaya, les informó que liberarían un nuevo préstamo a la integradora a fin de que se les pague a los afectados, “estamos entendidos que van a darle un préstamo a la integradora para que siga trabajando y de ese préstamo se nos pague a nosotros”, dijo, agregando que la idea es que el 31 de mayo en las oficinas de la CNC en Salamanca se liberen los cheques.
Respecto al paradero de Dolores Camacho, responsable del fraude millonario y del que se desconoce su paradero, Amézquita Soto dijo que “las autoridades no creo que lo busquen, porque creo también están con una responsabilidad. Dolores Camacho se dice que por ahí anda, pero no nos consta. Yo creo que ni al mismo gobierno le conviene agarrarlo porque descubrirían quiénes y quiénes se llevaron el dinero”.
El fraude se destapó en 2008, donde más de 500 campesinos denunciaron la falta de pago de sus granos, responsabilizando a Dolores Camacho y a la integradora Iagrocen de orquestar el fraude que oscilaba entre los 500 a 600 millones de pesos robados. A alrededor de 270 campesinos les han sido cubiertos sus pagos, pero aún quedan muchos pendientes.
Este martes, más de 300 campesinos acudieron a Celaya a la delegación de Sagarpa, donde se entrevistaron con los representantes de Aserca, SDA y la Sagarpa para fijar el precio del trigo y que las acaparadoras no abusen con bajos precios y donde se comprometieron a dar capacitaciones para comercializar los granos.
Por ahora, las acaparadoras de grano, en conjunto con el gobierno del estado, se han comprometido a pagar la tonelada de trigo en 3 mil 800 pesos como mínimo, a fin de que los agricultores vean rendiciones en sus cosechas.
