“Todas las familias de los policías detenidos en el municipio de Acámbaro”, publicaron un desplegado en un diario estatal donde reprochan al gobierno estatal la operación que se emprendió para depurar el cuerpo de seguridad pública en aquel municipio, incluso, exigen al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez que en el caso de los 17 policías detenidos se de “una debida investigación y un proceso apegado a derecho, a los 17 elementos detenidos respetando los principios de legalidad y sus garantías individuales que a simple vista se vieron afectados en este abuso de poder y violación de los derechos humanos”.
La publicación que aparece en la página 7 del diario estatal Correo, relata que tras el operativo que se realizó el 3 de mayo dejó secuelas “¿quién va a reparar el daño psicológico, físico, moral y social de este hecho?”, preguntan a las autoridades estatales luego de sostener que hubo acciones que vulneraron los derechos humanos de los detenidos a quienes, según relatan, se intimidó, golpeó, sobararon “tiraron puertas, y sacar a las personas sin una orden de aprehensión y por si fuera poco robar pertenencias de los agredidos”.
También se sostiene que las personas privadas de su libertad “fueron torturados física y mentalmente privándolos no sólo de su libertad sino también de alimentos, con el objeto de incriminarse e incriminar a otros dando su pase de salida de los detenidos al firmar una confesión, ignorando su contenido”.
El desplegado que carece de firma sobre el responsable de la publicación, dice “nuevamente nos preguntamos, señor Oliva, ¿si usted habla de logros?, la realidad es que en materia de seguridad sus logros son una policía del estado y ministerial que a base de atropellos, violencia y sobre todo violando todas las garantías individuales logren detenciones que le dan relevancia a su gobierno y al procurador (Carlos) Zamarripa que con actitud déspota y soberbia dice que todo está bien en Guanajuato”.
Esto se da en el marco de un operativo de depuración policíaca en el sur de Guanajuato donde, hasta este jueves, se ha intervenido a las corporaciones de Tarandacuao, Coroneo, Jerécuaro y Acámbaro. Los primeros tres gobernados por el PAN y el último por el PRD.
