El reportaje principal de la revista Proceso de esta semana muestra de manera palmaria el horror que viven cientos de familias de todo el país, incluyendo numerosos guanajuatenses, en la morgue de Matamoros, Tamps., tratando de obtener algún dato que les permita saber si sus familiares desaparecidos se encuentran entre las víctimas de la horrenda masacre que ha salido a la luz.
Están allí por su cuenta, sin la menor ayuda oficial. Están con miedo, no sólo por las noticias que puedan recibir, sino ante los rumores que pululan sobre la crueldad de las bandas de sicarios que asolan la región.
Ante ese verdadero viacrucis, resalta la comodina actitud del responsable de una instancia creada específicamente para auxiliar a los ciudadanos y defender su derecho a vivir con dignidad y libertad, nos referimos al procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera.
Hasta el día de hoy, las familias de los desaparecidos no han recibido ni siquiera una llamada de parte de la PDHEG, ya no se diga un pronunciamiento público de apoyo. La mayor parte de su personal ya salió de vacaciones, como si medio centenar de hogares guanajuatenses no vivieran una emergencia que sólo puede calificarse de tragedia humanitaria.
Auxiliares de Rodríguez Junquera han justificado que no tienen injerencia en el caso porque “las desapariciones no han sido responsabilidad de servidores públicos de Guanajuato”, circunstancia a la que los constriñe la ley. Vaya pretexto para la huida y la irresponsabilidad.
Así, el primer ombudsman de Guanajuato elegido a placer por el PAN muestra no sólo su docilidad, de la que ya se tenían cumplidas referencias, sino también el carácter oportunista que le hizo optar por el cargo sólo para regresar a la comodidad del terruño con un buen sueldo, sin ningún compromiso con la misión que implica la defensa de los derechos humanos.
¡Felices vacaciones, don Gustavo!
