León, Gto. Antes de dejar su anterior cargo al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), Eduardo Hernández Barrón despilfarró más de 80 mil pesos en 21 mil ejemplares informativos de las leyes de transparencia.
Según una respuesta proporcionada por la Unidad de Acceso a la Información del Gobierno del Estado, se evidenció que el pasado 30 de julio de 2012, el IACIP mandó imprimir con una empresa leonesa << Impresos “ABC”>> 21 mil ejemplares de tres leyes de Acceso a la Información que tuvieron un costo con I.V.A de 80 mil 691.92 pesos.
La empresa Impresos “ABC” hizo un tiraje de 10 mil ejemplares de la Ley de Acceso a la Información Pública, los cuales tuvieron un costo de 35 mil pesos; así como 10 mil ediciones de la Ley de Protección de Datos Personales, con un costo de 29 mil pesos y mil ejemplares de la Ley de Protección de Archivos, con un precio de 5 mil 562 pesos. El taller de Alfa está ubicado en Chuparrosa número 347, en la colonia San Juan de Dios, en León Guanajuato.
Más de 21 mil folletos a la basura
No obstante, los panfletos tenían el objetivo de ser repartidos entre los ciudadanos, aunque nunca fueron distribuidos, ya que se destruyeron antes de que Hernández Barrón asumiera el cargo en el Poder Judicial.
Dentro de los libros que tienen una portada a colores y tienen el logotipo del IACIP, están hechos de cartulina y contienen las siguientes medidas: 14.8 por 21.1 y 29.6 por 21.1.
Promociona su imagen, Eduardo Hernández Barrón
En el interior del libro se puede apreciar la imagen del ex director del Eduardo Hernandez Barrón, en el que manifiesta el siguiente mensaje:
“La evolución del derecho de Datos Personales en Guanajuato, ha marchado con paso firme, se ha consolidado en esta primera etapa, el arraigo de las Unidades de Acceso de cada uno de los sujetos obligados, ello representa la uniformidad, la unidad, la convicción de las autoridades de denominadas por nuestra ley como sujetos obligados.
Desde los albores del tema, y no obstante que ha discurrido diversas administraciones públicas, podemos afirmar que en Guanajuato, el tema de la transparencia y la protección de los datos personales es un tópico que ha sido adoptado como una nueva forma de gobernanza.
Uno de los elementos que permiten palpar la evolución del derecho, es la convicción de los servidores públicos que la atención a este derecho no es: “una carga más de trabajo”, sino que realmente es inherente al propio servicio público. La protección de los datos personales de los ciudadanos es un elemento de confianza hacia las instituciones.
Podemos afirmar que el hecho de que la sociedad, reconozca el tema, conozca que existe un derecho a proteger sus datos personales, y que sea parte de su vida cotidiana, es el mejor de los logros, porque a la par que el derecho fue reconocido constitucionalmente como parte del catálogo de los derechos y las garantías que la constitución contiene, es que la familiaridad con la que los ciudadanos sabe que pueden usarlo es para nosotros sinónimo de evolución, y más que nada de que ha ido en creciendo la credibilidad en nuestra institución”. (SIC).
Lo que dice la ley
Aunque, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, indica que << Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos>>
Además, en su párrafo adicional DOF 13-11-2007 indica que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Asimismo, en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato en su artículo 359, bis 3, que constituyen infracciones de los servidores públicos de cualquiera de los poderes del Estado, del órgano de gobierno municipal, de los organismos autónomos, de las dependencias y de las entidades de la administración pública estatal y municipal, y cualquiera otro entre público estatal o municipal a las disipaciones contenidas en este código.
Según el apartado tercero del mismo artículo, el incumplimiento establecido en el tercer párrafo del artículo 122 de la constitución política para el estado de Guanajuato, cuando tal conducta refleje en la propaganda en cualquier modalidad de comunicación social nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada del servidor público, con la excepción establecida en este artículo.
Para efectos de la tercera fracción, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
Turbia elección de Hernández Barrón como magistrado
Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre por mayoría la pasada legislatura del Congreso Local, eligió a Eduardo Hernández Barrón como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, su elección fue muy discutida, entre las fracciones políticas del Poder Legislativo.
El ex diputado priista, Gerardo Gutiérrez Chico, aseguró que el nombramiento de Hernández Barrón obedecía al pago de favores recibidos. En la terna puesta a consideración de los diputados también figuraban Joel Hernández Domínguez y Vicente Vázquez Bustos; el primero se fue sin votos y el segundo logró 4 sufragios; mientras que Hernández Barrón obtuvo 28.
