En la auditoría financiera y de cumplimiento realizada a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Gobierno de Guanajuato, llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación se observan diversas irregularidades que podrían alcanzar un daño al erario por más de trece millones de pesos, durante la gestión del recientemente cesado Jorge Armando Aguirre.
Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, del que Zona Franca posee copia, se establece que a siete servidores públicos se les efectuaron pagos como médicos especialistas sin contar con el documento que los acredite; por ello se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por dos millones 835 mil 233.40 pesos.
Además, se observó que del FASSA se realizaron pagos de nómina a nueve servidores públicos adscritos a la Dirección General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud, lo cual se presume como un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por 1 millón 340 mil 918 pesos; mientras que en la indemnización de 83 personas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) se presumió un daño por un millón 969 mil 259 pesos.
En este rubro se detectaron además pagos mayores a lo estipulado en los contratos de 335 prestadores de servicios, y por lo cual se presume un daño por 1 millón 391 mil pesos.
En el rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos, se observó que en la Jurisdicción Sanitaria V, correspondiente a Salamanca se constató un faltante de 829 cajas de medicamento Oseltamivir cápsulas, además de medicamentos caducos y material de curación en mal estado; por ello, la Secretaría de la Gestión Pública de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría, inició la investigación con lo que se solventó la observación.
Además, por comprar con recursos del FASSA claves de medicamentos del Seguro Popular las cuales no se encontraban contempladas en el anexo II del contrato celebrado entre el ISAPEG y el ISSEG el 1 de enero de 2009, se presume un probable daño a la Hacienda Pública de la Federación por dos millones 936 mil 214.84 pesos.
En este mismo rubro, se constató que el ISAPEG no aplicó a los proveedores penas convencionales por 2 millones 244 mil 456 pesos, por el retraso en la entrega de los bienes.
Por otra parte, en las Jurisdicciones Sanitarias I y V de Guanajuato y Salamanca, respectivamente, se comprobó que el material de curación estaba “lleno de polvo y amontonado”.
En lo que respecta a Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del FASSA, se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guanajuato informó de manera extemporánea a los órganos de control y fiscalización local y federales sobre la cuenta bancaria específica en la que recibió y administró los recursos del FASSA de 2009, aunque posteriormente se instruyó para que solventaran las observaciones.
Entre otras observaciones también está la revisión de una póliza fechada el 8 de septiembre de 2009, se constató que los recursos se aplicaron para cableados de red de la Dirección General de protección Social en Salud (Seguro Popular), lo cual constituiría un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 1 millón 667 mil 500 pesos.
