León, Gto. Ocho policías municipales en activo fueron sentenciados por los delitos de abuso de autoridad y de falseo de declaración. Esto se da tras la reparación del daño que los inculpados realizaron con la familia afectada respecto al delito de robo calificado. Al reparar el daño se otorgó el perdón y comenzaron los trámites por la libertad de los inculpados.
Las familias y los agentes de la policía municipal fueron respaldados por el municipio de León. Ya que el alcalde Héctor López Santillana y el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, ofrecieron los recursos legales para apoyarlos, por lo que por consejo de la asesoría legal que les aportó, se declararon culpables, para así tener acceso al procedimiento abreviado.
El monto de lo que robaron fue de un millón un millón 57 mil pesos, sin embargo, durante la audiencia no se mencionó la cantidad que ofrecieron y que los afectados aceptaron como reparación del daño.
Los ofendidos confirmaron al juez que se declararían culpables de los delitos de abuso de autoridad y de falseo de declaración, por lo que renunciarían a los recursos legales, y el juicio sería por lo relatado por la representante del Ministerio Público, y de ahí el juez sería el encargado de dictar la sentencia de la consecuencia jurídica.
El juez de oralidad José Juan Villagómez Amezquita, sentenció a José Manuel Olaez Torres, Miguel Ángel Muñoz Hernández, Marcial de Jesús Ojeda Godínez, José Eric Ortiz Esqueda, José David Rodríguez González, Misael Eduardo Sánchez Lores, Samuel Adán Acevedo Luna, Alfredo Brayan Jaramillo Bravo, con la medida cautelar de libertad semicondicional de 3 años, 10 meses y 15 días, la que gozarán tras realizar el pago de una multa de 4 mil 893 pesos con 68 centavos.
Los sentenciados serán internadoslos fines de semana y en caso de que fallen a las citas o que sean detenidos por cualquier falta administrativa, podrían perder dicho beneficio y ser recluidos en el Cereso.
La reparación del daño fue un acuerdo entre juez, Ministerio Público e inculpados, donde estos últimos son beneficiados con la reducción de las penas al declararse culpables.
El juez también ordenó la destitución de sus puestos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el no poder ingresar a laborar a la corporación durante al menos el primer año del proceso, así como la suspensión de sus derechos electorales, es decir, no podrán ejercer su voto, ni postularse a un puesto político.
El alcalde Héctor López Santillana señaló que los familiares de los ocho policías que se encuentran detenidos en el Cereso, y que fueron vinculados por los delitos de robo calificado, abuso de autoridad, y falsear a la autoridad, en agravio de una familia de la colonia Lomas del Sol, fueron apoyadas, ya que los elementos no fueron dados de baja.
En su momento el presidente municipal dijo que las familias intervinieron para defender los intereses de otra persona y que sería el juez quien determinaría en el proceso de investigación si los agentes habían violado la ley, y que en caso de que fueran responsables, tendrían que pagarlo, pero que eran apoyados porque habían acudido presuntamente por el reporte de una denuncia ciudadana.
El terror
El pasado 3 de septiembre de 2016 en la colonia Lomas del Sol 10 elementos detuvieron y torturaron al menos seis miembros de una familia. Además falsearon sus declaraciones.
Se trató de la familia de Rosa Margarita Días Olvera, que se encontraban ese día en su domicilio alistándose para un compromiso familiar que tenía ese sábado 3 de septiembre a las 19:00 horas, cuando de pronto, alrededor de las 2:30 de la tarde, irrumpieron en su domicilio alrededor de 10 elementos de Policía Municipal encañonando a los miembros de su familia que se encontraban en la planta baja de la casa habitación.
Una vez ahí, los sometieron y les exigieron que les dijeran donde tenían el dinero y las armas.
Al no obtener respuesta, fueron arrestados. Después de pasar alrededor de 24 horas detenidos en Cepol, los trasladaron a la Procuraduría de Justicia en el Cereso para ser procesados mediante la ley, puesto que se les retenía por tener en su poder armas de fuego.
Luego de casi tres días detenidos, sin saber nada de los otros dos integrantes de su familia quienes corrieron con la suerte de no encontrarse en casa ese día, fueron puestos en libertad en la madrugada del miércoles, por no tener cómo comprobarles los delitos de que se les acusaba.
Fue hasta julio de este año cuando un juez de Oralidad vinculó a proceso a ocho de los diez policías por el delito de robo calificado, abuso de autoridad y falsedad ante la autoridad, mientras que a una agente implicada se le vinculó a proceso por este último delito.
