Éctor Jaime Ramírez Barba ha ido endureciendo peligrosamente su postura en contra de los derechos humanos y la equidad de género, pues ha pasado de la omisión a la acción decidida, no sólo por su opinión personal, sino además por intereses políticos, no importa que al hacerlo violente y revictimice.
La primera señal de alarma, se dio hace casi un año cuando integrantes de la comunidad LGBT de diversos municipios lo esperaron por más de cuatro horas en el Congreso del Estado, su intención era conversar con el legislador sobre sus derechos.
Pero el médico no se dignó a recibirlos, fallando gravemente a su cometido de representar al pueblo, conversar con la comitiva, era lo mínimo que debió haber hecho, sin embargo prefirió ignorarlos y con ello cerrar los ojos a las dificultades que dicha comunidad padece de manera cotidiana. Legislar ya parece algo prácticamente imposible, si ni siquiera se puede escuchar.
Pero la sordera de don Éctor a los temas de equidad no se limita a despreciar a la comunidad LGBT, también ocurrió al minimizar el hecho de que su compañero de bancada, Juan Carlos Muñoz, tocara sin consentimiento y minimizara la labor de la periodista Carmen Pizano.
Según Ramírez Barba, se trató de un hecho insignificante maximizado por una “reportera muy especial”. En este caso no solamente le dio todo el crédito a su compañero, sino que una vez más, no conversó con la parte afectada e ignoró totalmente el asunto. Éctor Jaime pasó de la omisión a la complicidad.
Uno esperaría, que al responsable de legislar sobre materias tan relevantes como el combate a la violencia de género, le causara indignación saber que un funcionario público golpeó a su pareja, presuntamente compró testigos para que declaren en contra de ella y que, todo parece indicar, orquestó una campaña en redes sociales de la víctima.
Pero no, al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el caso del regidor perredista Julio César García Sánchez solo le representa un mero trámite legalista, descontextualizado y la oportunidad de concretar negociaciones políticas con la fracción perredista del Congreso, de por sí sumisa y controlable por el líder mayoritario.
¿Qué podemos esperar de “nuestros representantes” si son los promotores de la revictimización y criminalización de las mujeres agredidas, además de ser protectores de agresores? Es inexplicable que el asesor de la comisión de género del congreso José Belmonte haya acompañado, en horario de trabajo, a García Sánchez a su presentación en el Ayuntamiento de Guanajuato. ¿Quién lo autorizó para eso? ¿Por qué el Congreso no le ha asignado un “asesor” a la víctima del perredista? ¿Investigarán en el congreso este hecho?
Éctor Jaime está convencido que se han violado los derechos del regidor, pero nunca se ha pronunciado públicamente porque se le haga justicia a la víctima. Limitado como es, sólo ve el beneficio que cree que le puede dar apoyar a este mal funcionario y dentro su cálculo político, no se ha detenido a pensar en el gran mensaje que hubieran dado si hubieran pasado del discurso a la acción para frenar la violencia de género. Eso si que le hubiera traído simpatías entre las mujeres y hombres conscientes que desde sus actividades cotidianas buscan reducir la brecha de género y no al aliarse con un grupo del PRD venido a menos.
Lo mejor que pudiera pasarnos a las mujeres en Guanajuato es que Éctor y sus compañeros diputados aceptaran su ignorancia y decidieran capacitarse para comprender qué es el machismo y la violencia de género. Pero su soberbia los hace incapaces de aceptarlo y prefieren voltear para otro lado. También demuestran su ignorancia, pues con estas acciones desconocen los años de lucha de las y los defensores de derechos humanos y sus logros. Pero también demuestran un profundo desprecio por las víctimas y los grupos vulnerables. Pero eso, los ciudadanos, no lo olvidaremos
