México es uno de los países en los que menos disponemos de libros para leer, y también una de las naciones con economías de gran escala en las que menos se lee. De acuerdo con diferentes fuentes, la lectura per capita anual llega apenas a un promedio de 2.9 libros, mientras que en países como Japón o Finlandia el promedio supera los 40 títulos anuales.
En nuestro país contamos con una biblioteca pública por casi cada 17 mil habitantes; en las cuales hay apenas alrededor de 0.3 libros disponibles por persona (habría que ver además el estado en que se encuentran esos libros). En un país como Alemania el promedio es de una biblioteca por cada 4 mil habitantes; en España o Francia la disponibilidad es de una por cada 6 mil habitantes; así como aproximadamente 8 libros por persona.
Lo que más preocupa es que en nuestro país la tendencia es a la baja, pues si se revisan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy tenemos muchas menos bibliotecas y libros, tanto en números absolutos como relativos.
Nuestra triste realidad es que, a pesar de la existencia de instituciones como el Fondo de Cultura Económica, la industria del libro es prácticamente inexistente. Si no se es parte de los grupos que controlan los escasos recursos públicos para publicaciones, ver editada una investigación o una obra literaria es poco menos que un sueño para cientos, quizá miles de creadores e investigadores.
El mundo de la cultura no puede estar sujeto a las leyes del mercado. Es decir, el Estado mexicano no puede asumir que los libros son una mercancía más, que forma parte del resto de las mercaderías que se comercian todos los días; y que si no hay lectores, debe asumirse sin más que el mercado no reaccionará creando editoriales.
La trampa del pensamiento tecnocrático debe quebrarse y debemos ser capaces de recomenzar, induciendo lo que podría denominarse como “patrones de consumo deseables”; y uno de ellos se encuentra sin duda alguna en lo relativo al ámbito cultural.
Así, lo que debería generarse de manera urgente es una nueva política de fomento en serio que, en el marco de las políticas educativas permita, como lo sostendría alguna vez Miguel Limón, “inundar de cultura al país”.
El martes pasado, en el programa de televisión México Social, Juan Ramón de la Fuente afirmaba que necesitamos de un nuevo modelo educativo que nos permita ser más sabios, tanto en lo individual como en lo social; y esto definitivamente no se va a lograr con los contenidos y prácticas vigentes, ni tampoco con la lógica de destrucción del patrimonio cultural que todavía tenemos.
La OCDE publicó recientemente datos respecto de que nuestro país es el más inequitativo entre los países que integran al organismo; los datos se refieren al ingreso, empero, si se hiciera un comparativo relativo al nivel educativo que tienen las personas de más escasos recursos respecto de quienes más ganan, la lógica sería la misma: océanos de desigualdad que nos separan e impiden construir una noción compartida de país; así como proyectos de futuro por los que valga el esfuerzo pelear.
Es cierto que se requieren cambios multifactoriales; pero sin una mejor educación, que sea de mayor calidad y que tenga mayor pertinencia social y ética, no vamos a poder consolidar a la democracia como una forma de gobierno valorada por todas y todos, como el instrumento privilegiado para la construcción de bienestar y equidad.
Por todo ello, si hay un ámbito en el que no se puede jugar a las “decisiones inteligentes o de coyuntura y pragmatismo político” es el de la educación; de ello depende nuestra viabilidad como una sociedad para la igualdad y la inclusión; y obviamente nuestra posibilidad de transitar hacia el país que desde hace mucho podríamos haber sido, y que ya merecemos ser.
