De manera intempestiva, luego de que en las anteriores semanas se viviera un recrudecimiento del conflicto por el apresamiento de mineros bajo la acusación de despojo, derivadas del carácter ilegal de la huelga declarada por la sección 142 del sindicato nacional de mineros que dirige desde el exilio Napoleón Gómez Urrutia, esta semana se anunció el reinicio de actividades en la mina El Cubo de la ciudad de Guanajuato.
Desde el inicio del paro, hace ocho meses, no se veían razones lógicas para una confrontación de tal magnitud. Parecía una estrategia suicida del perseguido dirigente minero, que vive en Canadá, tratando de evitar su extradición por un multimillonario fraude a sus propios agremiados.
La radicalización de sindicato y empresa, que incluso derivó en secuestro de activos y de materiales por parte de los paristas y denuncias penales del corporativo Gammon Gold, de capital canadiense, que fueron seguidas de detenciones, hacia imposible prever un acuerdo.
Lejanos de cualquier protagonismo en las negociaciones, ni la Secretaría del Trabajo, de Javier Lozano; ni el gobierno de Juan Manuel Oliva, tuvieron nada que ver en el acuerdo final que, con la poca información a la mano, podría interpretarse como un triunfo rotundo del cuestionado dirigente sindical, pues tras haber planteado un auténtico paro loco, ahora sale con pago de salarios caídos, restablecimiento del contrato colectivo de trabajo y desistimiento en las denuncias penales contra sus agremiados.
En realidad no es así. En cambio, el acuerdo ha incrementado las suspicacias sobre las verdaderas razones de un problema laboral que se abatió sobre Guanajuato como un rayo en cielo despejado, las cuales bien podrían dirigirse a un doble juego de Gammon Gold y de Napoleón Gómez Urrutia para obtener beneficios mutuos, usando a los trabajadores guanajuatenses como simple carne de cañón.
La empresa canadiense, con sede en Halifax, Nueva Escocia, cotiza sus acciones en la bolsa de Toronto, por lo que cualquier circunstancia en la explotación de las tres minas que maneja en México repercute en las valoraciones de sus inversionistas: se trata de Ocampo en Chihuahua, El Mezquite en Zacatecas y El Cubo en Guanajuato.
Una huelga de 8 meses, como la que se vivió, necesariamente repercutiría en la vida corporativa de la empresa al poner en riesgo un tercio de su portafolio. Una posible intención podría ser la de depreciar acciones que previamente habrían sido vendidas en valores más altos a los reales.
Sin que hasta la fecha se tenga una confirmación, existen versiones de que la mina de El Cubo, comprada en una cifra menor a los 30 millones de dólares a la familia Villagómez, anteriores propietarios, posibilitó una emisión de papel que alcanzó un monto 10 veces superior.
Tampoco sería noticia que el desfachatado líder minero se haya prestado a inventar un conflicto laboral, obteniendo pingües beneficios personales, aprovechando el control que ejerce sobre una sección sindical como la 142 de Guanajuato, que contra viento y marea le ha permanecido leal.
Más allá de posibles elucubraciones, lo cierto es que un conflicto que no tenía ninguna razón intrínseca de ser, que mantuvo en vilo a la ciudad de Guanajuato y que sacrificó el ingreso y el modo de vida de 700 trabajadores y afectó indirectamente a mil más, terminó de la misma manera que empezó: sin explicaciones y en medio del misterio.
Se ha anunciado que los trabajadores cobrarán el 100 por ciento de sus salarios y que se mantienen las condiciones contractuales, pero nada se sabe del pago de utilidades, el pretexto que motivó la ruptura, lo que fortalece la hipótesis del montaje prefabricado del conflicto.
Seguramente tampoco conocen los entretelones las autoridades, que ni supieron prever el conflicto, menos solucionarlo y que fueron las últimas en enterarse de los acuerdos, por más que quieran festinarlo en sus posteos en Twitter, esa nueva forma de frivolizar la inoperancia gubernamental y el río revuelto en que está convertido el México que nos tocó vivir.
