En medio de dos polémicas muy fuertes, el Instituto Estatal Electoral (IEEG) ha quedado como árbitro amonestado, por la sociedad, por el Tribunal Electoral, por la Procuraduría de Justicia y muy probablemente por la propia Cámara de Diputados.
Todo ello deviene de dos acciones:
1.- Los señalamientos que existen en torno a la actuación de uno de sus consejeros, José María Aizpuru, relativos a haber participado en la alteración de facturas y en el uso indebido de recursos públicos para un tratamiento dental, según lo han consignado diversas notas periodísticas.
El tema, si bien no es nuevo, se actualiza por la conclusión de las investigaciones respectivas, lo que conlleva la inminente petición de desafuero que habrá de presentar la Procuraduría General de Justicia del Estado ante el Congreso.
Evidentemente el asunto no es menor, ni se inscribe sólo en el ámbito personal del consejero Aizpuru, ni termina con la permanencia o remoción de dicho consejero, sino que trasciende al propio IEEG, a la necesidad de revisar sus mecanismos de control interno y a la forma de ejercer el presupuesto que tiene asignado, entre otras cosas.
Hay que recordar que en México tenemos uno de los procesos electorales más costos del mundo, en parte por el dinero que se destina a los partidos y en parte diversa por los gastos de operación de dichos institutos. Así que exigir que el gasto se ejerza estrictamente en lo que está asignado y que haya una pulcritud que no deje lugar a dudas en su ejercicio, es de las respuestas que no deberían estar pendientes.
2.- La otra polémica generada por el IEEG radica, desde mi punto de vista, en el apercibimiento hecho a varios actores políticos del PAN y del PRI, a fin de que se abstuvieran de estar haciendo actos de una precampaña muy anticipada, al menos a partir de la definición de tiempos que da la legislación en la materia.
Tal vez la intención del IEEG pudo ser la de regular esa enorme laguna legal y obligar a los políticos a contener sus aspiraciones hasta los tiempos y condiciones que marca la ley, sin embargo ello no puede hacerse a costa de llevar tal apercibimiento al extremo de que ciudadanos no se puedan reunir con militantes de tal o cual partido o prohibirles que respondan: “sí, si quiero ser gobernador del estado”, pues ello es un exceso, y como todo exceso que proviene de la autoridad, una ilegalidad, como lo resolvió el tribunal de la especialidad.
Hay que recordar además, que el ejercicio del gobierno se mide por acciones, no por buenas intenciones, y que ante procesos electorales cada vez más ríspidos y cerrados, necesitamos de árbitros en los que la sociedad tenga mucha confianza.
Nunca es bueno que el árbitro sea el amonestado, pero que ello suceda justo cuando la contienda está por empezar, resulta peor.
El IEEG, árbitro amonestado.
