El pasado domingo 20, el periódico Correo publicó una nota firmada por Gaby Bárcenas intitulada “Gobierno de León custodiará datos del programa de Iris”.
Destaco la información, porque tras buscar en las páginas web del municipio y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado (PDHG), las dos autoridades involucradas según la nota, el tema no aparece, no obstante la trascendencia del mismo.
La información además hace referencia a que el municipio regulará:
1. La utilización del sistema de escáner,
2. Sus alcances,
3. Sus límites,
4. La custodia de tales datos, y
5. La responsabilidad de su ulterior destino.
Todo ello con base en un informe que habría entregado el municipio de León a la PDHG.
La única explicación que se lee en la nota, para justificar la obtención de ese dato raya en el lugar común, pues menciona “(…) que la finalidad de colocar este sistema, es incorporar una herramienta tecnológica de avanzada para fortalecer la capacidad preventiva de los cuerpos de seguridad y erradicar (en la medida de lo posible) la violencia y la comisión de delitos, lo cual se insiste, debe hacerse garantizando el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas”
Llama la atención esa información, por lo siguiente:
No se explica como contribuye la obtención de los datos del iris de cada persona, en el “fortalecimiento de la capacidad preventiva de los cuerpos de seguridad”. Lo cual es indispensable, ya que los datos que se obtengan de cada individuo son personales, según el artículo 3, fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales para el estado y los municipios de Guanajuato.
Si bien es cierto que como individuos tenemos derecho a la protección de tales datos, también lo es que ello no se encuentra dentro de la esfera de específica competencia de la PDHG, sino de Instituto de Acceso a la Información Pública del estado (Iacip), quien aparentemente estaría ajeno al proceso que siguen ambas instancias .
El tema no es menor. Tanto el municipio de León cuyo Presidente Municipal es Ricardo Sheffield, como la PDHG a cargo de Gustavo Rodríguez Junquera son sujetos obligados de la citada ley, no autoridades de la misma.
Hay que recordar que el Iacip nace como una instancia especializada en la protección de esos derechos humanos, a los que muchos doctrinistas han bautizado como de tercera generación.
Lo explico de otra manera, si bien es cierto que en el estado tenemos una Procuraduría de los Derechos Humanos, hay algunos de estos derechos, que son regulados por autoridades aun más especializadas. Así como el Instituto Estatal Electoral tutela nuestros derechos electorales, al Iacip le corresponde ser el garante del derecho de acceso a la información y de la protección de los datos personales, por lo que llama la atención la participación aparentemente regulatoria de la PDHG en el tema y la ausencia del Iacip, como también sorprende la intención del municipio de León de obtener tales datos, sin explicar clara y ampliamente la finalidad de los mismos y el manejo que se hará con dicha información.
Un dato personal no se puede solicitar, a menos que la autoridad competente acredite que se encuentra fundada y motivada tal solicitud, que justifique ampliamente su necesidad y garantice el manejo de ellos.
No dudo que el aporte de la PDHG pueda ser muy importante, sin embargo hay que reconocer que no es la autoridad a la que le toca definir la legalidad de ese proceso. Por ello sería bueno que el Iacip apareciera públicamente en el tema y que conjuntamente con las autoridades del municipio dieran la debida certeza en este proceso.
El iris de León
