León, Gto. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) perdió 2 millones 235 mil pesos que pagó a la empresa Portoss, pues tras casi dos años el instituto no cumplió con su parte del convenio y no adquirió el equipo que se le requirió, tras lo cual, Portoss se deslindó.
La empresa Portoss S.A. de C.V. , propiedad del panista Gerardo García Preciado, alias “El Tipitín”, fue contratada por asignación directa por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), para colocar video vigilancia “inteligente” en 50 farmacias del estado.
Según consta en una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el contrato número SGUN/SERV/SEGURIDAD/08-11/001 se realizó el 15 de agosto de 2011, con el objeto de contratar los servicios profesionales de video-vigilancia inteligente en 50 farmacias.
La Subdirección de Unidades de Negocio del ISSEG, que en ese entonces era dirigida por Julio Torres, aprobó el pago de 2 millones 235 mil pesos a la empresa Portoss por los servicios de “conectividad, adecuaciones, parametrización, políticas de usuarios y seguridad del Sistema de Video-Vigilancia Inteligente”.
No obstante, el OFS observó que a la fecha, no se habían realizado los objetivos del contrato “derivado del incumplimiento por parte del instituto al no proporcionar el insumo requerido por la empresa…”.
Y es que, el contrato con la empresa Portoss indicaba que el ISSEG debía proporcionar equipos de respaldo de energía (no break) para que el sistema de video- vigilancia pudiera operar.
Así fue constatado por el OFS, luego de la respuesta que emitiera el pasado 7 de mayo de 2013, el director de la empresa, Gerardo García Preciado, donde el 21 de diciembre de 2011, se informó a la Dirección Comercial y de Servicios Operativos, que los servicios del contrato estaban detenidos en tanto no existieran los equipos solicitados.
“…Del punto 4 al 11 se requería tener el sistema en operación, lo cual no fue posible debido a que el instituto no proporcionó los equipos de respaldo de energía inteligentes requeridos para prestar el servicio como se establece en la cláusula cuarta del contrato, lo cual fue reportado a los responsables de dar seguimiento al proyecto”, se indicó.
Posteriormente, según las investigaciones del OFS, el entonces director del ISSEG, Francisco Javier Luna López, señaló que daría el seguimiento al tema, pero no dio respuesta.
“Por parte del sujeto fiscalizado no se proporcionó evidencia documental que acredite que alguno de los funcionarios responsables haya dado seguimiento y/o haya realizado las gestiones de manera oportuna a fin de dar continuidad a la prestación del servicio de video-vigilancia inteligente, lo que denota la falta de diligencia y probidad en las funciones a su cargo, así como el inadecuado uso de los recursos del instituto, lo que originó un detrimento al patrimonio del instituto por $2,235,000.00”, determinó el OFS.
La resolución
Si bien, la Dirección Jurídica del ISSEG mostró evidencia documental respecto al requerimiento de información a diversas áreas del instituto con la finalidad de proceder en la vía legal, no aclaró lo observado por el OFS, quien resolvió atender el tema o se acredite la recuperación del recurso.
“Se solicita aclarar, atender, o solventar documentalmente el incumplimiento a la normativa mencionada al haber realizado el pago al proveedor con anticipación a la prestación de los servicios contratados, o en su caso presentar la evidencia que acredite la recuperación de $2,235,000.00 a través del proveedor o el funcionario que resulte responsable”, indicó el OFS.
ISSEG incumplió normas legales al adjudicar contrato
Por otro lado, el OFS también observó la forma en la que se dio el contrato a Portoss, pues fue por asignación directa, lo cual contradice las disposiciones legales de la entidad; además, no se acreditó que la contratación se haya llevado a cabo bajo los principios de concurrencia, igualdad, publicidad y oposición, con la finalidad de buscar la mejor oferta.
Por ello, el OFS solicitó al ISSEG “aclarar, atender o solventar” el incumplimiento a la normativa al adjudicar el contrato.
“…Fue adjudicado a través de la modalidad de compra directa, no obstante por el monto de los servicios que ascendieron a $2, 326,724.14 sin IVA, debía ser adjudicado con la modalidad de Licitación restringida”, se indicó.
Según la documentación, Gerardo García Preciado explicó que en julio de 2011 tuvo una reunión –no se precisa dónde- con “directivos” del ISSEG –a excepción del director general- donde se determinó que contratarían los servicios.
Posteriormente, el OFS solicitó a la Dirección Comercial del ISSEG la información que acreditara el proceso de selección y/o adjudicación de la empresa. Como respuesta, se indicó que “en el informe de auditoría se documenta que no se cuenta con evidencia documental que acredite el proceso de selección de la empresa Portoss, S.A. de C.V. como prestador del servicio de video-vigilancia”.
Además, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, informó que no contaban con el dictamen de justificación de la contratación de Portoss, debido a que “dicho proceso no fue solicitado a este órgano colegiado”.
Por ello, el OFS determinó que se excedieron de sus facultades: “Las declaraciones de los funcionarios, confirman lo observado al señalarse que no se cuenta con evidencia documental que acredite el proceso de adjudicación de la empresa y se evidencia que los funcionarios que adjudicaron los servicios en una modalidad distinta a la señalada en la normativa, no cumplieron diligentemente y con probidad sus funciones al excederse de sus facultades”, se indicó.
El pasado de Portoss
El octubre de 2012, el actual gobierno de León, a través del Comité de Adquisiciones, dio a conocer que ya no se renovaría el contrato con la empresa Portoss, luego de que se detectaran fallas en la operación de los GPS para las patrullas; el Registro de Identidad Personal (RIPER) – o también conocido como lector de iris- y los lectores de placas.
En aquel entonces, el regidor Aurelio Martínez afirmó que de los 769 GPS instalados en patrullas, cuyo costo ascendió a más de 4 millones de pesos, sólo funcionaban 367 equipos.
Sin embargo, en la actualidad, Portoss rentará los equipos y capacitará al personal del gobierno de Salamanca para operar una base de datos en la Coordinación de Seguridad Ciudadana.
El contrato será por 900 mil pesos anuales, y la contratación fue asignada de forma directa por el gobierno salmantino.
