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jueves, enero 21, 2021

El senador Villarreal, atrás de denuncia contra Oliva

El abogado José Roberto Saucedo Pimentel. (Foto: zonafranca.mx)

Un abogado socio en el despacho del hermano y tío del senador panista Luis Alberto Villareal, Ricardo Villareal García e Iñaky García Goyricelaya, respectivamente, emprendió una denuncia penal en contra del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

El mismo profesionista, fue también ex servidor público de primer nivel durante el período de gobierno con Juan Carlos Romero Hicks tanto en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (Isseg) como en la Secretaría de la Gestión Pública.

A fin de que el Ministerio Público inicie una investigación por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, administración fraudulenta, tráfico de influencias y lo que resulte, el abogado José Roberto Saucedo Pimentel ingresó una denuncia penal en la subprocuraduría de justicia en León.

El expediente, al que se le asignaron los folios 95, 97 Y 101 en la agencia pull, cuenta también con una veintena de firmas que se sumaron a la iniciativa del profesionista cuyo despacho comparte con sus socios: Iñaky García Goyricelaya y Ricardo Villareal García, ambos parientes del senador Luis Alberto Villareal García quien acaricia la posibilidad de suceder a Juan Manuel Oliva en el gobierno estatal.

A esas firmas se sumó la del precandidato del PRI al gobierno estatal, José de Jesús Padilla, y del respaldo público de la candidata tricolor al gobierno leonés Bárbara Botello Santibañez.

Saucedo Pimentel dice que la iniciativa nació desde su despacho que ubica en el antiguo camino a Marroquín número 7 en el fraccionamiento Los Garambullos en San Miguel Allende. Ahí es donde “todos los días recibo más y más sumas de los ciudadanos, tengo ya muchos correos electrónicos donde los ciudadanos se suman a la iniciativa y quieren más información sobre la denuncia”.

El abogado recibe a Zona Franca en los juzgados civiles de San Miguel Allende, ahí es donde se da la entrevista debido a que “la denuncia contra el gobierno es una iniciativa personal, yo tengo que seguir litigando porque este es mi trabajo”.

Menciona que el origen de la denuncia, nació “luego de leer los comentarios de los lectores en los diarios AM y Correo que demuestran que están hartos de los hechos de corrupción. Tengo años leyendo por internet los medios y es lo que he visto, que la gente ya está harta de la corrupción”.

Durante el sexenio de Juan Carlos Romero, Saucedo Pimentel ocupó la dirección general de asuntos jurídicos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) así como en la Secretaría de la Gestión Pública.

Antes fungió como agente del Ministerio Público. Dice que desde hace “muchos años he leído el hartazgo de los ciudadanos”, hace cuatro que dejó el gobierno estatal.

La denuncia penal es contra quien o quienes resulten responsables de una serie de delitos que deberían ser investigados de manera oficiosa, según los artículos 105 del Código de Procedimientos Penales y 204 del Código Penal vigentes, consta en la documental.

El expediente solicita al agente investigador “proceda a ejercitar la acción penal correspondiente ante el tribunal penal en turno tal y como lo ordena la Ley Penal del Estado”.

Si bien Saucedo Pimentel advierte que su intención no es señalara a nadie en lo particular “sí se debe investigar bien a fondo pues, no es posible que un funcionario menor tenga la capacidad de contratar los montos que se han mencionado en los medios de comunicación, de hecho. Se tiene que llegar al fondo en la investigación”.

Aunado a ello, la demanda pena exige “la reparación del daño ocasionado al erario público (sic) y para tal efecto solicito se aseguren bienes propiedad de quien o quienes resulten indiciados a efecto de garantizar el pago de los daños y perjuicios.

Hace acompañar su queja de una serie de notas informativas y refiere que la investigación de la Secretaría de la Gestión Pública, así como las primeras acciones que se han emprendido, es decir el cese de varios funcionarios, no resultan suficientes pues “la duda ha quedado en la sociedad y es ahí donde se tienen que aclarar una serie de situaciones que no pueden quedar al margen, se requiere que se investigue a fondo”.

Considera que si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato observa que no hay necesidad de ejercitar acción penal contra nadie, también debería fundamentar su respuesta “para que no quede lugar a dudas”.

El caso es que el abogado ha emprendido una denuncia penal contra quien resulte responsable de los hechos publicados en los medios de información y que se desprenden de primeras revisiones al DIF y otras áreas de gobierno.
Dice que hasta ahora, el diario AM es quien lo ha apoyado en difundir desplegados y reconoce que, desde ahí, lanza las convocatorias para que cada vez más ciudadanos, firmen la denuncia penal.

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