La agenda política y socioeconómica de Guanajuato está sobrecargada, tras un largo ciclo de crecimiento, estabilidad y buenas noticias.
En los dos últimos años la tasa de crecimiento económico se frenó, producto de circunstancias internacionales, sobre todo la incertidumbre introducida por las políticas trumpianas en el comercio mundial y la renegociación del tratado de libre comercio de Norteamérica.
Para dimensionar esta situación, hay que decir que el crecimiento de la economía ha sido el mejor escaparate para los gobiernos locales y para sus titulares. El milagro guanajuatense había venido ocultando muchas otras deficiencias y desequilibrios en el desarrollo de la entidad.
Por otra parte, ni el alto crecimiento de las exportaciones y su impacto en el PIB logró paliar el aumento en la brecha de la desigualdad. Las oportunidades no han sido parejas y en Guanajuato han crecido las áreas de marginación, no solo en las zonas alejadas del corredor industrial donde se concentra la inversión extranjera, sino en las propias ciudades que lo conforman donde han crecido los cinturones de miseria y las barriadas.
Mucho de esa situación es lo que se refleja en el desmedido aumento del consumo de drogas, sobre todo las sintéticas, lo que ha generado un mercado que forma parte de la disputa entre grupos criminales que ha venido ensangrentando a la entidad, también en los últimos dos años.
La actividad criminal se ha vuelto más visible por la existencia innegable de una guerra entre diversos grupos locales y de otras regiones del país, sobre todo el Cartel Jalisco, reconocida por la autoridad federal como la mayor trasnacional mexicana de actividades ilícitas. El saldo más negativo de este enfrentamiento es la corrupción de buena parte de la estructura policial local, incluyendo municipios y corporaciones estatales.
Pero no son las únicas malas noticias. La incertidumbre generada por la quiebra del acuerdo para importar agua desde el vecino estado de Jalisco, propiciada por la mala asignación de la obra por el gobierno de Felipe Calderón y la ineficacia del gobierno de Enrique Peña Nieto para reconducir el proceso, hace necesaria la búsqueda de otras soluciones que implicarán fuertes decisiones políticas.
Sin embargo, al final del día muchas de las definiciones que se requieren para enfrentar los retos de los próximos años pasan por la pacificación del estado, por la erradicación de las bandas armadas que hoy se pasean a placer por las carreteras estatales, sin importarles las cámaras y arcos de Escudo, y por la restauración del estado de derecho.
La llegada de nuevas inversiones, el mantenimiento de las que ya están, el crecimiento del turismo, la elevación de los niveles educativos pasa necesariamente por el regreso a estándares de convivencia pacífica, como los que lograron cimentar el milagro guanajuatense hace una década.
No me imagino qué soluciones podrá imaginar la doctora Yoloxóchitl Bustamante, próxima responsable del sistema de educación básico del estado, cuando enfrente no la necesidad de instrumentar programas académicos para elevar la calidad de la educación, sino hacerse cargo de la seguridad en las escuelas, a las que no perdona la delincuencia como tanto hemos visto.
Lo mismo ocurre en otras áreas del ejercicio gubernamental como el turismo, el ordenamiento territorial, la planeación y hasta la obra pública. Sin paz, no habrá manera de intentar ni siquiera un pálido remedo del modelo Singapur que tanto emocionó al próximo gobernador.
Por eso es tan importante lo que va a ocurrir esta semana, una antes de la toma de posesión de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: la decisión de qué hacer con el área de seguridad del gobierno que incluye la secretaría respectiva y la Procuraduría de Justicia, cuyos titulares funcionaron como un binomio en este sexenio, con el resultado de que la tranquilidad de la entidad se les resquebrajó entre las manos.
La “solución” de eximir al gobernador electo de la tarea de presentar a los responsables de esa área, como se ha esbozado ya, parece una broma. Dejarle esa tarea al virtual secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala no le dará más autoridad sobre los nombrados, y menos si se produce la polémica ratificación, total o parcial.
Pensar que esas puedan ser las maniobras para salir del paso y tratar de minimizar las críticas y el efecto negativo de la ratificación de Carlos Zamarripa en el gobierno naciente, produce una preocupación profunda pues pone en evidencia que el más grave conflicto que afronta la sociedad de Guanajuato recibe una primera respuesta frívola y engañosa de quien mereció su confianza para conducirla por los próximos seis años.
