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viernes, marzo 29, 2024

En suspenso judicial, ley antiinmigrante en Georgia

Un juez federal en Atlanta, Georgia, pospuso hasta nueva fecha, la decisión de si autoriza o no la entrada en vigor este próximo 1 de julio de una nueva ley antiinmigrante en esa entidad. La nueva ley autoriza a la policía a exigir ‘papeles’ a personas sospechosas de estar indocumentada en el país.

El juez federal Thomas Thrash, de la Corte de Distrito Norte de Georgia revisó este lunes en una audiencia la demanda que fue interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos civiles y apoyada con mociones de México y otros países, para que se suspenda la entrada en vigor del estatuto, mientras se analiza su inconstitucionalidad.

La Ley HB87, promulgada el pasado 13 de mayo por el gobernador de Georgia, Nathan Deal, crea un agresivo marco legal para desalentar la inmigración ilegal en esa entidad, siguiendo el ejemplo de la SB1070 de Arizona.

La HB87, autoriza a las policías locales cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando exista alguna ‘causa probable’, como una violación de transito u otra infracción que dé pie a indagar al sospechoso.

La nueva norma habilita también a los agentes de policía a detener a quien encuentren en violación de las leyes de inmigración y conducir a los indocumentados en calidad de arrestados a las cárceles estatales o federales.

La propuesta prohíbe a las dependencias o empleados estatales de Georgia el conceder algún servicio de beneficencia pública a los inmigrantes indocumentados, incluyendo el de ayuda en alimento a madres solteras y lactantes.

La medida también establece nuevos requerimientos para la contratación de empleados y fija sanciones a quienes sean sorprendidos transportando o albergando inmigrantes indocumentados, sin importar si la persona es un hermano, un padre o un hijo.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Legal para la Pobreza del Sur, interpusieron el pasado ocho de junio, una demanda contra la ley, argumentando su inconstitucionalidad y pidieron al juez suspender de manera temporal la entrada en vigor del estatuto, en tanto decide sobre la validez constitucional de la ley.

La demanda fue apoyada luego por México que presentó ante la Corte un escrito de ‘Amigo de la Corte’ (Amicus Curiae) al que se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

El juez Thrash revisó este lunes en una audiencia de poco más de una hora, los argumentos de los grupos de derechos civiles que demandan la suspensión temporal de la ley y se esperaba que emitiera una decisión al final de la misma.

El juez emitió comentarios que pudieran ser interpretados a favor y en contra de la entrada en vigor del estatuto, como cuando sugirió que la ley sería aplicada en forma diferente por cada condado de Georgia, dado que serán las autoridades locales las que decidan qué previsiones de la ley aplicar y cuáles no.

El juez también cuestionó que pasaría en caso de que se aplique la ley y los hijos con ciudadanía estadunidense sean sorprendidos dando un ‘aventón’ a sus padres indocumentados para llevarlos al supermercado.

Somos Georgia y la Alianza Latina de Derechos Humanos de Georgia, dos coaliciones que aglutinan a opositores a la HB87, convocaron a una serie de manifestaciones para este próximo 1 y 2 de julio en rechazo de la ley.

Los grupos planean convertir el 1 de julio en Georgia en un día de acciones de desobediencia civil y el día 2 en una jornada de marchas de protesta.

Con información de agencias.

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