Hoy puede observarse, a tiempo todavía de corregir, cual ha sido la falla fundamental de la por otra parte encomiable campaña para detectar y frenar la infiltración del crimen organizado entre las policías del estado.
Tras la liberación de los policías de Jerecuaro y Coroneo por un juez penal, tras la tibia reacción de la titular del Poder Judicial, tras las respuestas formales emitidas por el gobernador Juan Manuel Oliva, lo que se aprecia es la ausencia de una política de estado detrás de las intervenciones en el sur del estado.
Todo lo que se ve en el escenario deja sentir que en el trasfondo de los operativos municipales, realizados destacadamente por la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad y la delegación estatal de la PGR, existió el empuje del gabinete de seguridad y, quizá de manera más proactiva, del procurador Carlos Zamarripa Aguirre.
Desde luego, es de pensarse que el gobernador fue consultado e informado y se recabó su autorización. Sin embargo, Oliva no parece haber sido, de ninguna manera, el artífice de la decisión, lo que se evidencia en el hecho de que esta no fue soportada con una operación política previa.
De haberse integrado la estrategia como una política de estado, lo que sin duda amerita por la magnitud del impacto, tendrían que haberse recabado otras opiniones y logrado consensos, como los de los dirigentes de los partidos de oposición, las fracciones parlamentarias y el Poder Judicial.Quizá resulte explicable la omisión de los presidentes municipales pues, aunque resulta lamentable decirlo, en esa esfera ya no se podría garantizar la confiabilidad de los operativos y se estaría a merced de las filtraciones.
Sin esa cobertura, la actuación de las fuerzas de seguridad estatales y federales obedeció al esquema clásico de una acción policial, que si bien obtuvo éxitos momentáneos al lograr detenciones masivas sin que se produjesen enfrentamientos, al poco tiempo enfrentó críticas muy duras por parte de los partidos políticos cuyos alcaldes fueron afectados.
El golpe definitivo contra las acciones de las fuerzas estatales provino de otro de los actores desplazados en el origen de la operación: la judicatura de Guanajuato.
Para los observadores cercanos de la cosa pública en la entidad, no es ninguna noticia la rivalidad que se ha generado entre el procurador Zamarripa y la presidenta del Tribunal, Raquel Barajas Monjarás, en el largo proceso de establecimiento del nuevo modelo judicial derivado de la reforma penal constitucional.
Incluso el tiempo de arranque del primer paquete de municipios que establecerán la modalidad de los juicios orales, en la zona norte del estado, planeado para el próximo septiembre, podría posponerse por la falta de acuerdos entre ambos funcionarios.
El debate, sin embargo, no ha sido entre los titulares de los Poderes, es decir Oliva Ramírez y Barajas Monjarás, sino con un subordinado del primero, precisamente el procurador de justicia, lo que ha creado una situación de enfriamiento y de confrontación.
Tampoco ayuda mucho al entendimiento la distancia que se ha generado entre quienes fueron, hasta hace no mucho, estrechos colaboradores y amigos: Carlos Zamarripa y su antecesor, el ahora magistrado penal Daniel Chowell Arenas.
En ese clima se produce la determinación del célebre juez Ernesto Aguilera Razo, que libera a policías acusados de complicidad con la Familia Michoacana, bajo el argumento de que no se ha probado la existencia de esa organización, en un episodio que seguramente le concederá en poco tiempo celebridad nacional a nuestra magistratura.
Sin embargo, todas esas pequeñas intrigas normales en la burocracia no tendrían porque haber afectado una determinación de gran calado del gobierno en su conjunto, con sus tres Poderes, aliado con la sociedad y el resto de las fuerzas políticas, si alguien se hubiera encargado del trabajo de hilado fino, es decir, si alguien se hubiese hecho cargo del axioma de que cualquier actuación del Estado, en cualquier terreno, siempre es política.
Urgiría, pues, ver al gobernador Oliva corrigiendo y haciéndose personalmente cargo del tema: llamando a cuentas a todos los involucrados; dando instrucciones a quienes dependen directamente de su mandato; estableciendo coordinaciones con quienes son sus iguales en otros Poderes, por lo menos formalmente y, quizá lo más delicado, concertando con las fuerzas que conforman el sistema de partidos.
Lo más importante, a partir de ahora, no es buscar culpables, sino replantear la estrategia y corregir lo que se hizo mal.
A final de cuentas, allí, afuera de los gruesos muros de las oficinas públicas, siguen los ciudadanos expectantes, necesitados de que sus autoridades hagan la tarea para la que fueron electos y que todos juntos evitemos, con todos los elementos a nuestro alcance, que crezca el deterioro de nuestra forma de vida y avance la destrucción del tejido social en el que ella se desenvuelve.
