CINTALAPA DE FIGUEROA, Chiapas .- Simultáneamente a la formal prisión, sin derecho a la libertad bajo fianza, que se dictó al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró tres propiedades del ex mandatario como parte de las acciones legales en su contra.
Al conocer el fallo del juez tercero penal, Belisario Domínguez Velasco, los abogados de Salazar Mendiguchía, Ilán Katz, César Cerisola y Alfredo Domínguez, apelaron la resolución y advirtieron que de continuar lo que llamaron irregularidades en el proceso, acudirán a los tribunales federales para hacer valer el Estado de derecho.
Mientras, activistas y madres de 30 niños que se declararon en plantón y huelga de hambre a las afueras del penal de El Amate, para exigir se abriera proceso penal al ex gobernador, se dijeron satisfechos con el fallo.
Manuel Collazo Gómez, dirigente de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas, confió en la aplicación de la justicia. María Antonieta Solís Gordillo, una de las madres que perdió a su bebé en el hospital regional de Comitán de Domínguez en 2002, confió en que no habrá impunidad. Antes de las 8:30 horas, el juez tercero penal dictó la formal prisión a Salazar Mendiguchía, quien permanecerá recluido en el centro penitenciario El Amate de este municipio del centro de Chiapas. El juez le suspendió además sus derechos políticos, al existir suficientes indicios en su contra en los presuntos delitos de peculado de $104 millones, asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones públicas.
En un comunicado, el gobierno del estado señaló que la determinación jurídica contra el ex gobernador se basó en “testimoniales y peritajes en materia contable y grafoscopía donde se analizaron pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta con los que se acreditó que los $104 millones sí pertenecían al erario”.
La PGJE detalló que en octubre de 2005 el ex gobernador ordenó comprar un seguro de vida por $104 millones con recursos del erario estatal y que el monto fue cobrado tres meses después de que concluyó su administración. Sostuvo que ex empleados de Salazar ratificaron en sus declaraciones ministeriales que por instrucciones del ahora procesado, un grupo de ex colaboradores fueron beneficiados con la compra del seguro denominado Vidadot2-2. Por tratarse de un delito grave, Pablo Salazar “no alcanza libertad caucional o bajo fianza, por lo que permanecerá en el penal El Amate”, a donde fue trasladado la noche del 7 de junio.
La PGJE aseguró las residencias ubicadas en el fraccionamiento residencial Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, otra en la carretera al municipio de San Juan Chamula -con tres cabañas- y otra en San Cristóbal de las Casas.
Con información de agencias.
