León, Gto. Claudia Cecilia Esparza Maldonado renunció en agosto a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg), no toleró más el acoso laboral y la falta de respuesta ante sus quejas.
Aunque la contraloría interna comenzó una investigación sobre su caso, la afectada decidió interponer su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como al Instituto Para las Mujeres Guanajuatense (IMUG) y ante el Congreso del Estado.
“Yo ya no tuve salida, porque todavía cuando al final solicité la audiencia con el procurador y no me decía nada, y me esperé en el estacionamiento hasta verlo llegar y podérselo pedir yo misma, no me atendieron y después no me creyeron”, comparte Claudia, abogada de profesión, madre de familia y quien hasta el pasado 22 de agosto cumplió alrededor de 14 años trabajando en la PDHG.
La Procuraduría atiende quejas y denuncias en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter estatal o municipal que violen los derechos humanos-, describe el propio organismo descentralizado sobre el trabajo que realiza en su sitio oficial …mismo que omitió con Esparza Maldonado.
Claudia inició su trabajo en el organismo en 2004 en la Subprocuraduría zona A en la oficina de León, Guanajuato y a partir de 2005 hasta 2017 en la Secretaría General.
El trabajo para Claudia se complicó cuando tuvo su hija menor, hoy de ocho años, y al ser madre soltera pidió autorización para tenerla en el trabajo como hacían otros compañeros.
A este acuerdo llegó con el entonces procurador, Gustavo Rodríguez Junquera y que después se refrendó a la llegada de José Raúl Montero de Alba, sin embargo fue su jefe directo, es decir el subprocurador Víctor, quien se lo prohibió.
“Al entrevistarme con él lo primero que me dijo fue que quedaba prohibido llevar a mi hija menor a las instalaciones que viera la posibilidad de que alguien más me la cuidara y si no encontraba que mejor ni me presentara en las instalaciones” narra la afectada en la queja enviada la CNDH.
Claudia recuerda que aunque a ella le negaban este permiso aprobado por los superiores, otros compañeros seguían gozando de esa prestación.
Después las indicaciones de los superiores eran las de no atender todas las quejas que llegaban a la procuraduría, y dirigirlas a otras instancias, situación con la que no estaban de acuerdo muchos trabajadores, pero tenían que seguir indicaciones.
Por orden directa de su jefe la afectada fue removida al área de asesorías, donde mantuvo su mismo sueldo en nivel cuatro. Sin embargo no fue eso lo que comenzó a desmotivarla.
“Junto con otra compañera cuando realizábamos los oficios al mínimo detalle lo regresaba incluso con las correcciones que él mismo pedía, mayúsculas a minúsculas o en los argumentos tal cual los pedía y de todos modos los regresaba haciendo que se atrasara nuestro trabajo y sobre todo retrasando la salida de las quejas”, recuerda.
Vacaciones
El trato para Claudia fue empeorando, las vacaciones con las que contaba decidió mantenerlas vigentes para ocuparlas si en algún momento ocupaba asistir a la escuela de su hija o por enfermedad.
Sin embargo, fue justo en 2017 cuando éstas comenzaron a negársele y por ende, ella perdió asistencias a la escuela de su hija menor, incluso complicándosele atenciones médicas propias.
Aunque Claudia intentó que ex compañeros de trabajo se unieran a su queja, muchos de ellos prefirieron no realizarlo y otros que siguen al interior de la PDHG, decidieron guardar silencio. En el documento que ella envió a las instancias nacionales sugiere una lista de afectados con cargo y nombre.
Y reitera en constantes ocasiones el ambiente laboral indebido y generado por el subprocurador.
Renuncia
Ante el caso, Zona Franca buscó información con la PDHG se limitó a informar que Esparza Maldonado renunció voluntariamente a su cargo el pasado 22 de agosto, y reiteró el trabajo que realizan como organismo. Hasta ahora según informaron no han sido notificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De las autoridades a las que se les ha entregado la denuncia sólo el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses ha atendido a la afectada, ofreciendo asesoría, atención psicológica y apoyo para que reinsertarse a la vida laboral.
