Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y el presidente municipal perredista de Acámbaro, Gerardo Silva Campos, expondrán ante autoridades del gobierno del estado las irregularidades detectadas en el operativo realizado por policías estatales y federales el pasado 3 de mayo en esa localidad, además de dialogar y aclarar dudas en torno a los detalles de la redada.
Así lo informó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD en Guanajuato, Agustín Miguel Alonso Raya, quién abundó que para evitar situaciones como la de Acámbaro es necesario establecer acuerdos entre las diferentes instancias de gobierno.
El dirigente perredista afirmó en rueda de prensa que en ningún otro municipio del estado se ha hecho un espectáculo de uso de la fuerza y violación a los derechos humanos y la autonomía municipal como en Acámbaro.Con acciones espectaculares a costa de los gobiernos de partidos de oposición quieren imponer el modelo de policía única, aseveró.
No se puede negar, explicó, que el operativo fue un golpe político y mediático en donde hubo más de 10 detenidos para que de 17 que fueron sujetos de investigación sólo 14 fueran consignados ante un juez.
Fue una acción de detener para investigar y no investigar para detener que dejó un saldo de casi 70 denuncias por abuso de la fuerza, golpes y torturas, del que fue objeto el personal encargado de la seguridad en el municipio.
Los policías estatales y federales, añadió, hicieron que la policía municipal perdiera todo tipo de autoridad y en un estado de indefensión frente a los diferentes problemas de seguridad,convirtiendo esto en todo un golpe político para dejar mal al gobierno emanado de la oposición.
La evidencia de los señalado, dijo Alonso Raya, es que en ningún otro municipio se ha hecho un operativo tan espectacular y con esa arrogancia en el uso de la fuerza pública como se dio en Acámbaro, porque en los diferentes municipios se ha logrado tener al menos algo de comunicación con el ayuntamiento para coordinar los diferentes operativos para abatir al crimen organizado en las filas de los cuerpos de seguridad y no es justo que luego de ese operativo luego se ande buscando a las autoridades municipales para entregarles las llaves de los edificios de seguridad.
Ahora el director de tránsito hace turnos dobles y lo posible para mantener la a salvo a la población y el tránsito en el municipio.A fin de cuentas de todos los cientos detenidos han optado por solo fincar responsabilidades a 14 y dejar libre al resto, quien han mostrado evidencia del abuso de la fuerza.
Miguel Alonso Raya, indicó que a raíz de lo anterior se ha conseguido esta semana una cita con el procurador de Justicia del Estado y el secretario de Gobierno para atender el problema de la inseguridad. Aunque la reunión ha llegado bastante tardía, agregó, es la oportunidad de aclarar que el PRD está de acuerdo en las acciones de depuración de las corporaciones, pero con base en resultados de investigación y con respeto a la legalidad.
Ahora el tema que se ha debatido en la materia sobre la creación de la policía única estatal o nacional, sigo sosteniendo, resaltó Alonso Raya, que no es necesaria porque los actuales responsables de la seguridad tienen la capacidad de sentarse y llegar acuerdos.
La actual propuesta se ha hecho gracias a que hay una bolsa de 30 mil millones de pesos que serán repartidos en los estados promotores por el Juan Manuel Oliva y Godoy se han puesto en primera fila sin revisar a fondo las consecuencias de esta decisión.
Públicamente se ha dicho que los actuales exámenes de confianza en los municipios no son elemento suficiente para evaluar a los elementos, de acuerdo con Pilar Ortega, por lo que el operativo carece de sustento y lógica si, como ha dicho el procurador, fueron la base para sustentar el operativo.
La propuesta de acuerdos de colaboración entre autoridades ayudaría también a proteger a los migrantes guanajuatenses. Con el respaldo de los gobiernos municipales, explicó, se puede llevar un control de la salida de migrantes desde las diferentes localidades de la entidad y, en comunicación con los gobiernos de otras entidades, otorgarles protección y vigilancia en su camino hacia el norte del país.
