El juez del Juzgado Primero Penal de Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, lo dice: “con muchas deficiencias y no apegados conforme a derecho, se les violaron muchas garantías individuales”. Por ello, giró el auto de formal libertad a 26 policías de Coroneo y Jerécuaro el pasado 21 de mayo, al no acreditarse los delitos de colaboración al fomento y ejecución contra la salud y, delincuencia organizada, de las que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) argumenta en sus investigaciones.
Entrevistado por Zona Franca, el secretario en funciones de juez explicó que la liberación de los policías ha confrontado a las autoridades y contradicho al procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, quienes aseguran que las detenciones de policías al sur del estado se han hecho bajo trabajos de inteligencia e investigación minuciosos, el juez los contradice.
“Luego de una minuciosa análisis que se hizo, este Juzgado determinó que no existían pruebas idóneas suficientes para acreditar el cuerpo de cada uno de esos ilícitos, por el cual pretendía la fiscalía, en un momento, que se les dictara la formal prisión”, dijo Ernesto Aguilera Razo, quien otorgó la libertad, bajo reservas de ley, a 9 policías de Coroneo y 17 de Jerécuaro.
Y es aunque los delitos que se les siguen son del fuero federal, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Celaya, mandó la requisitoria de las causas penales 33/2011 y 34/2011, por los delitos de colaboración al fomento y su ejecución de delitos contra la salud, con su agravante de ser servidor público, así como de delincuencia organizada, al juzgado Primero Penal de Valle de Santiago, al encontrarse los inculpados recluidos en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) Mil.
La requisitoria llegó el 16 de mayo pasado, a fin de que se calificara de legal la detención de los 26 inculpados, pero estos pidieron la duplicidad del término constitucional, lo que dio oportunidad al juez Ernesto Aguilera Razo de analizar los casos, “existen deficiencias por parte de la procuraduría (de Justicia) en la integración de la investigación. No hay elementos”.
DUDOSAS DECLARACIONES
El Juzgado Primero Penal de Valle de Santiago dejó en duda las declaratorias hechas por los propios inculpados, pues asegura que aún cuando los policías confesaron haber tenido nexos con el crimen organizado, no hay garantías que determinen la fidelidad de dichas declaratorias.
“Ahí se dice, pero hay que advertir del análisis minucioso que se hizo de cada uno de ellos, hay que decir que esas declaraciones, no obstante que ‘se dice’ que reconocen, hay que ver de qué forma la rindieron, porque con muchas deficiencias y no apegados conforme a derecho, se les violaron muchas garantías individuales”, pues solo fueron por escrito y no hay grabaciones, además de que se advierte en cada una, que funge una sola defensora de oficio para todos.
Ernesto Aguilera Razo, indicó que hay respeto al trabajo que la PGJE realiza en torno a estos hechos, y aún más hay respeto al procurador Carlos Zamarripa, con quien aún no ha tenido comunicación, pero “les debo de advertir que las dos resoluciones que se pronunciaron están apegadas a derecho, porque se analizaron todas las constancias”, acusando una “mala integración de la investigación”.
Finalmente, aclaró que el resolutivo dictado no estuvo presionado por ningún actor, “ninguna presión de ninguna naturaleza, yo la verdad en ese aspecto estoy tranquilo, mucho muy tranquilo, porque la resolución está fundamentada y está apegada conforme a derecho”, por lo que él mismo notificó a los 26 policías sobre su libertad.
