El agente del Ministerio Público Federal logró acreditar que 10 detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, entre ellos policías de Moroleón y Uriangato, son responsables de delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud “en la modalidad de colaboración y brindar protección y ayuda al grupo delictivo conocido como La Familia”.
La consignación del juez federal, se da con los mismos elementos que tuvo el juez local Ernesto Aguilera Razo quien dictó auto de libertad a 26 personas que fueron detenidos –entre ellos policías y los mandos policíacos- de Jerécuaro y Coroneo el sábado 21 de mayo.
De tal forma, a través del Juez Quinto de Distrito se dictó auto de formal prisión a los funcionarios públicos así como a tres integrantes de ese grupo criminal – entre ellos a un lugarteniente de La Tuta en Guanajuato- quienes fueron aprehendidos el miércoles 18 de mayo en aquel municipio.
A través de un comunidad de prensa enviado por la Procuraduría General de la República, se informó que los policías y tres civiles fueron encontrados responsables de pactar con la agrupación criminal La Familia Michoacana para “realizar conductas ilícitas tales como secuestros, homicidios y extorsiones y otros en los municipios de Uriangato y Moroleón del estado de Guanajuato”.
La PGR informó también que dentro del proceso penal 108/2011 el juez Quinto de Distrito “dictó auto de formal prisión contra tres narcomenudistas relacionados con el grupo delictivo por violación a la ley de armas de fuego y explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea”.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/GTO/LEON-III/3341/2011, el pasado 18 de mayo de 2011, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato puso a disposición del Representante Social de la Federación al Director y Subdirector de Seguridad Pública de Moroleón, Luis Alberto Espinoza Espinoza y Marcelino López Domínguez, respectivamente.
Así como al Director de Seguridad Pública Municipal de Uriganto, Ponciano Moreno Báez; el comandante operativo Rigoberto Cortez Ayala, y los policías municipales José Manuel Pérez García (a) “El Pecoso” o “Moñez”, Emanuel Núñez Díaz (a) “El Diablín” e Isidro García Merino (a) “Don Chilo”.
Además de los vendedores de droga vinculados al grupo delictivo denominado “La Familia” Rigoberto Soto Brito o Luis Alberto Guadarrama López (a) “Lázaro”; Jesús Santamaría Alvarado o Eduardo Martínez Flores (a) “El Calaca” o el “Chicudilla” y Pedro Jacinto Hernández Loeza (a) “El Chaparro” o “El Piter”, a quienes se les aseguraron al momento de su detención dos armas de fuego calibre 9 milímetros.
De acuerdo con el expediente, se aseguró a estos tres integrantes de la organización delictiva por su vinculación con diversos eventos delictivos, entre los que se encuentra el secuestro y homicidio de Alicia Guzmán García (a) “La Comadre”, a quien asesinaron y enterraron clandestinamente.
Derivado de las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del estado, a los tres presuntos narcomenudistas se les acreditó su participación en al menos 23 secuestros y 12 homicidios, todos relacionados con actividades del grupo delictivo “La Familia” realizados en los municipios antes mencionados. Además, se les vincula con extorsiones a empresarios locales por sumas de hasta 15 millones de pesos.
Como parte de su declaración ministerial aceptaron pertenecer al grupo delictivo y manifestaron que para llevar a cabo las conductas delictivas contaban con la colaboración y la protección de las direcciones de Seguridad Pública de los municipios señalados, a cambio de una paga mensual.
Por lo que el pasado 17 de mayo, una vez integrados los elementos de prueba, se logró la detención de los servidores públicos de los municipios de Uriangato y Moroleón implicados quienes, se reiteró, presuntamente prestaron ayuda y colaboración para el desempeño de sus actividades delictivas, tales como secuestros, homicidios, extorsiones y venta de droga.
Por lo que el Representante Social de la Federación consignó la averiguación previa ante el Juez Quinto de Distrito, motivo por el que los inculpados fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Celaya.
Lo anterior forma parte de las tareas del Gobierno Federal para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia, así como la tranquilidad de la ciudadanía.
