Es prácticamente unánime la percepción de que el actual titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, es uno de los más eficaces funcionarios que se han desempeñado en esa área en mucho tiempo. Se suma, además, el hecho de que el actual procurador relevó a otro con muy buenas cartas credenciales, Daniel Chowell Arenas, de quien fue colaborador y es amigo cercano.
Quizá haya sido este ciclo virtuoso, que abarca un sexenio completo bajo dos gobernadores distintos, uno de los factores relevantes para que Guanajuato goce hasta la fecha de un clima de seguridad que es envidiado por muchas otras entidades del país, incluyendo algunas con un mayor desarrollo económico que la nuestra.
Ello no quiere decir que la entidad se encuentre exenta de problemas, de ejecuciones esporádicas y actividades de la delincuencia organizada. Tampoco lo está de lacras como la que significa el empleo de la tortura por parte de las corporaciones policiales, que incluso ha dado lugar a escándalos sonados en el periodo del que estamos hablando.
Sin embargo, con los problemas propias de una procuración de justicia que muestra los mismos signos de subdesarrollo que muchas de nuestras instituciones, en el promedio puede hablarse de una calidad más que razonable en el desempeño de la institución encargada del combate a la impunidad, lo que incluye también exitosos golpes contra integrantes de organizaciones criminales poderosas que tratan de incursionar en Guanajuato.
Y ha sido, precisamente, esa buena calificación otorgada al trabajo del procurador Zamarripa lo que quizá le ha dado a éste el margen de manobra suficiente para desentenderse de algunas de las políticas generales del gobierno del que forma parte y manejarse “por la libre”.
Así ocurre, señaladamente, en el tema de la reforma para la instauración del nuevo sistema penal que incluye los juicios orales, donde también participan los poderes Legislativo y Judicial del estado.
Una muestra de tal desentendimiento, por lo menos así se entendió, fue la propuesta de una reforma integral de la Ley Orgánica del Ministerio Público, presentada a fines del año pasado, la cual no fue consensada con los integrantes de la mesa para la Reforma Penal y que provocó una serie de confrontaciones con los responsables de los dos Poderes mencionados.
La iniciativa, originalmente firmada por el gobernador Juan Manuel Oliva, debió ser modificada cuando estaba ya en comisiones legislativas, con el concurso del Coordinador Jurídico del Ejecutivo, Plinio Martínez Tafoya, principalmente a causa de los costos que hubiera significado una readecuación profunda de la Procuraduría de Justicia.
Por otra parte, acceder a transformar de raíz el Ministerio Público hubiera originado reacciones en cadena en el Tribunal de Justicia y hasta en el Ejecutivo, en las áreas de Defensoría de Oficio, para establecer equivalencias, todo lo cual hubiese traído aparejada una inversión en equipamiento y gasto corriente, sobre todo nómina, imposible de atender en los años que le restan a este gobierno.
El frenazo dado desde las altas esferas a la reforma propuesta por el procurador Zamarripa ha provocada en este funcionario un gran desgano para atender los planes originales de puesta en marcha de la primera etapa de la reforma, en el norte del estado, prevista para septiembre próximo, a grado tal que ya se piensa en alterar el calendario original y alargar los plazos.
En este, como en otros casos, queda muy claro que la responsabilidad más delicada de la que deberá hacerse cargo Juan Manuel Oliva en los próximos 18 meses y días que le restan a su mandato, será la de gobernar al gobierno y estar muy al pendiente del desempeño de sus propios colaboradores, si es que quiere cerrar su gobierno al ritmo que parece haberse propuesto. No hay de otra.
