Hace diez años, el entonces Secretario de Salud del Gobierno Federal, Dr. Julio Frenk, me pidió realizar un inventario de hospitales y centros de salud a cargo de dicha dependencia, que por alguna causa no habían entrado en operación. El panorama encontrado en mi investigación fue desolador: más de cien proyectos iniciados estaban inconclusos, ya fuera abandonados en obra negra o, peor aún, dejados sin equipamiento después de su construcción, lo que representaba un inexcusable desperdicio de recursos públicos. Y las causas de esto eran prácticamente las mismas en todos los lugares: demoras y sobrecostos en la construcción, proyectos mal diseñados y peor ejecutados, falta de previsión de los presupuestos necesarios para el equipamiento y la operación, pillaje y corrupción.
Recién ahora, algunas notas periodísticas y declaraciones poco afortunadas del actual Subsecretario de Educación Superior, Dr. Rodolfo Tuirán, nos dan cuenta de 140 universidades e institutos tecnológicos puestos a andar durante la presente administración, que sólo existen en el papel, pues carecen de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y baños. En algunos de ellos, por ejemplo en el Instituto Tecnológico de Milpa Alta, ni siquiera tienen conectados los servicios básicos y los alumnos toman clase a la luz de improvisadas lámparas hechas con focos y palos. Y también está el caso de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, construida a mitad de la nada en el municipio de Talcoyuca, que ofrece una serie de vanguardistas licenciaturas en tecnología de la información, comercio internacional, animación digital, aeronáutica y logística del transporte, pero cuyas clases se desarrollan en deficientes instalaciones prestadas por un bachillerato contiguo y una mueblería.
Son estas lamentables “instalaciones educativas”, sumamente precarias, las que cínicamente se ofrecen a los miles de egresados de bachillerato que no lograron ingresar este año a la UNAM, UAM o Politécnico Nacional. Son también aquellos centros de salud, inconclusos y abandonados, con los que se pretende decir que se están cubriendo las crecientes necesidades de atención médica de la mayor parte de la población del país, que no puede acudir a las muy costosas instituciones privadas.
Cuando salen a la luz estas cuestiones, me llegan los recuerdos de un viaje que realicé en el año 2000 a la Gran Bretaña, para conocer los avances del amplio programa de financiamiento de escuelas y hospitales en esquemas de asociación público-privada, que los británicos habían iniciado con el nombre de Private Finance Initiative durante el gobierno conservador de Margaret Thatcher y continuado después, sin modificaciones sustanciales, durante el régimen laborista de Tony Blair.
Conducido por mis guías de Partnerships UK, agencia gubernamental encargada de promover este innovador programa británico, pude visitar varias escuelas primarias y hospitales de diverso nivel en Escocia, en las ciudades de Glasgow y Edimburgo. En todos los casos, encontré instalaciones bien realizadas y equipadas, con impecable mantenimiento, en las cuales la población en general recibía servicios educativos u hospitalarios de alta calidad y de manera gratuita o a un costo muy bajo, en un esquema según el cual el gobierno proporcionaba los servicios públicos con su personal, mientras empresas privadas locales, de tamaño medio, atendían la construcción, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, contratadas por sociedades de inversionistas que a cambio de su participación y desempeño recibían pagos periódicos del gobierno.
Se estima que hoy en día casi tres cuartas partes de los proyectos de infraestructura y servicios públicos de la Gran Bretaña se realizan a través de este esquema, que además ha permitido generar el 15% de ahorro en los costos de construcción y operación que se tenían cuando los proyectos eran ejecutados mediante esquemas tradicionales de obra pública. Como se comprenderá, este éxito del programa británico ha provocado que actualmente esté siendo analizado y adoptado por un gran número de países, entre ellos México.
De hecho, después de mi visita a la Gran Bretaña, nuestro país acordó un convenio de asesoría y patrocinio con Partnerships UK que pocos años después, en 2004, culminó con la elaboración, por parte de la Secretaría de Hacienda, del primer Acuerdo Normativo para la implementación en México de los llamados Proyectos Para la Prestación de Servicios.
El camino de la asociación público-privada como alternativa para desarrollar infraestructura y servicios públicos en México ha sido gradual pero sostenido, con logros importantes tanto en materia de proyectos realizados –entre ellos, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en las afueras de León- como en materia de normatividad, pues ya se cuenta con una Ley Federal decretada a principios de este año y varias legislaciones estatales han sido adecuadas y reformadas para permitir este esquema. En esta tarea, Guanajuato ha sido uno de los estados pioneros, que sin duda ha marcado pauta para las demás entidades del país.
En estos días, se espera la publicación del Reglamento que debe complementar a la Ley Federal ya existente. Algunas informaciones nos dicen que este Reglamento ya ha sido elaborado por la Secretaría de Hacienda y que está a punto de darse a conocer, como producto todavía de la administración de Calderón. Otras voces, sin embargo, nos dicen que el equipo de transición de Peña Nieto desea que la publicación del Reglamento se retrase hasta después del cambio de gobierno. Nuevamente, los intereses y las mezquindades partidistas parecen surgir en el escenario, generando demoras y poniendo trabas a asuntos de interés nacional.
Y mientras el PAN y el PRI discuten sobre qué gobierno federal, el saliente o el entrante, da a conocer el Reglamento de la Ley, la izquierda mexicana, particularmente la más radical, condena estos esfuerzos y los cataloga de intentos ocultos para privatizar los servicios públicos en el país. Sin duda, haría falta que estos sectores de nuestra izquierda jurásica se apartaran de prejuicios ideológicos y conocieran más a fondo los pros y los contras de este camino que, al final de cuentas y sin ser la panacea, puede contribuir de manera importante a resolver la aguda problemática de la obra pública nacional y el grave déficit de infraestructuras y equipamientos sociales que padecemos en México. Un camino que, desde la óptica de una izquierda avanzada, podría ser una fórmula para hacer trabajar el capital privado, egoísta por naturaleza, en beneficio de los sectores más necesitados de nuestra población.
