La presencia de Luis Ernesto Ayala, ex alcalde de León y, casualmente, secretario de la Gestión Pública del Gobierno del Estado, en el destape de Miguel Ángel Salim Alle como aspirante a la presidencia de León, no pudo ser más inoportuna.
El hecho resulta más chocante por provenir de un político que siempre ha sido cuidadoso de las formas y que, a últimas fechas, ha querido vender una imagen de estar más allá del bien y del mal.
Vamos por partes. Lo que buscó hacer Salim al anunciar su renuncia a la presidencia del comité municipal del PAN un año antes de las elecciones, un trámite al que le obligan los estatutos internos para poder contender por el cargo, fue sobrepasar el simple gesto administrativo y llegar a la demostración de fuerza.
Para ello echó mano del típico expediente de exhibir capacidad de convocatoria. Parte de ese desfile de figuras públicas incluyó a tres ex alcaldes: el propio Ayala, Luis Quiroz Echegaray y Ricardo Alaniz Posada.
Se trata de un recurso usual de la política, al que igual recuren panistas que priistas, y que ha adquirido carta de naturalidad en nuestra vida pública. Por parte de Miguel Salim no hay más que cumplimiento de los rituales que, aunque gastados, siguen funcionando para la construcción del consenso.
Sin embargo, la prudencia es una virtud que no estaría de más en los políticos, sobre todo ubicando los contextos, los mensajes y las interpretaciones posibles, no pocas veces más importantes que los mismos hechos.
Si Salim estaba en lo suyo sumando presencias, Luis Ernesto Ayala no parece haber calibrado la relevancia de su asistencia y sus posibles implicaciones.
Una de las funciones claves del titular de la Gestión Pública es la de revisar la correcta aplicación de los recursos públicos y, entre otras muchas vertientes, evitar su desviación por ejemplo a actividades de proselitismo político.
La importancia de este tema en Guanajuato se aquilata mejor si se recuerda que el arribo del PAN al poder, en 1991, ocurrió precisamente tras un escándalo postelectoral motivado, junto con otras cuestiones, por la desviación de dineros públicos a la campaña del priista Ramón Aguirre Velázquez.
Veinte años después, los panistas, incluso los más respetables, parecen mostrarse afectados por una conveniente amnesia.
Sólo así puede explicarse que el responsable de cuidar el buen uso de los recursos del erario acuda a un acto de proselitismo preelectoral de alguien que todavía es servidor público y a quien debería estar vigilando con mayor severidad ahora que ha destapado sus ambiciones.
Aunque en el entorno de Miguel Salim se habla con desparpajo de que los fondos de pensiones del estado no son recursos públicos, por tratarse de las aportaciones de los trabajadores y del propio gobierno destinadas a las pensiones de los empleados públicos, el hecho de que esa administración la realice un funcionario designado directamente por el gobernador del estado, lo hace sujeto de observación y revisión por parte de instancias como la Gestión Pública y la Auditoría Superior del Estado, como ocurre.
Que el titular de una de esas instancias acuda a una especie de mitin proselitista, prácticamente a sonar matracas, manda un mensaje muy preocupante para la sociedad y, sobre todo, altamente lesivo de la figura del propio funcionario.
Luis Ernesto Ayala ha enderezado investigaciones que han sancionado a servidores de alto nivel en esta administración y tiene otras en cartera, por ello se antoja absolutamente innecesario que caiga en la tentación ya no sólo de incurrir en partidismo, sino, más grave aún, de sumarse a la cargada de un aspirante que es también funcionario y que lo será, según ha dicho, hasta el último minuto que se lo permita la ley.
La calidad moral del exalcalde leonés para fiscalizar el cierre de esta administración queda profundamente cuestionada, por la flagrante equivocación de querer repicar al tiempo que anda en la procesión.
La pregunta que se impone es: ¿había necesidad?
