La medida cautelar adoptada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para frenar el activismo de seis de los ocho panistas, y sólo de panistas, que han expresado su deseo de contender por la candidatura de su partido a gobernador, ha venido a enrarecer aún más el clima preelectoral de la entidad.
Y no es que saliera sobrando el contener una desgastante competencia que se lleva a cabo sin reglas, límites ni tiempos, sino que la solución jurídica encontrada parece más bien pobre y, lo peor de todo, sesgada.
La salida encontrada por el IEEG y su presidente, Jesús Badillo, fue la de enfocarse sólamente en los hechos denunciados por tres partidos políticos, PRI, PRD Y PT, dejando de lado la realidad de lo que ocurre en Guanajuato y que fue deliberadamente omitido por los reclamantes.
Así, únicamente las pruebas presentadas por los abogados de José Luis González Uribe y Miguel Alonso Raya, fueron tomadas en cuenta a la hora de emitir la medida precautoria, la mayoría basadas en recortes de prensa. Quizá por ello, Ricardo Torres Origel, quien realiza un intenso proselitismo pero que mantiene malas relaciones con muchos medios, resultó prácticamente exonerado.
Tampoco se utilizó la apertura del caso para analizar la realidad en su conjunto, lo que originó que no se tomaran en cuenta las conductas proselitistas abiertas y ostensibles de los priistas Miguel Ángel Chico y Francisco Arroyo Vieyra, quienes no fueron objeto de la denuncia por obvias razones.
De esta manera, al responder con una juridicidad chata, limitada sólo a una denuncia de hechos, la autoridad electoral dejó de lado la realidad que observan y viven la mayor parte de los ciudadanos de Guanajuato que todos los días se encuentran en los medios con una intensa campaña política fuera de tiempo y que reciben en sus casas propaganda totalmente intencionada.
El árbitro electoral de Guanajuato no sólo evidenció una miopía preocupante, sino que su respuesta lo volvió parte de las disputas políticas que urgía encauzar, al marcar prohibiciones sólo a la mitad de los políticos que han adelantado los tiempos electorales de Guanajuato.
Por otra parte, algunos de los términos de los controles que trata de establecer el IEEG caen en el ámbito de lo ridículo, como aquel que le prohíbe a uno de los precandidatos, Miguel Márquez Márquez, a “presentarse en forma expresa o velada” como aspirante a candidato.
Habría que preguntarle a los abogados del IEEG y sobre todo a Badillo, cómo se le hace para no manifestar una conducta velada. Probablemente vaya a ser necesario someter a todos los adelantados a un lavado de cerebro parecido al que sufre el protagonista de la célebre película de Stanley Kubrick, Naranja Mecánica, para controlar sus bajos instintos de poder.
Otro exceso se aprecia en la prohibición para “gestionar, contratar o difundir” encuestas, que se les dicta a los integrantes del grupo de La Loma, pues además de que se incide en un ámbito de libertad personal, los estudios de opinión no son en sí actos de precampaña pues no persiguen una idea de persuasión.
Con una medida que parece a todas luces pensada para quedar bien con la tribuna, el órgano electoral de Guanajuato abrió un nuevo expediente de inquietudes que sólo se resolverán con una reforma profunda del marco legal y del propio organismo encargado de garantizar la equidad electora. Si abonara a ello, probablemente pudiera un error beneficioso, a final de cuentas.
