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sábado, abril 13, 2024

La papa caliente

Más que interesante la nueva ocurrencia del gobernador Miguel Márquez en relación a lo que pretende sea una nueva y muy sui generis arista, en el primordial tema de la seguridad pública.

La propuesta esgrimida es que, se forme una bolsa con aportaciones de gobierno estatal y de los empresarios, para la mejora de los preocupantes indicadores en materia de inseguridad y delincuencia. Bueno, eso pretendió decir; porque en realidad solo se refirió a que fuese para materia de seguridad pública, sin especificar qué, mucho menos el cómo ni los alcances.

Pero lo que llama la atención es, la manera en que pretende hacerlo y el alcance que tendría; ya que por mandato constitucional en el art.115 frac III y con apego en el art. 21, el municipio es el responsable directo de proporcionar la seguridad pública preventiva y el estado la procuración de justicia e investigación de los delitos de materia local. Por lo que en consecuencia debería elevarse la pregunta si los gobiernos estarían legalmente facultados en solicitar y recibir apoyo, económico y/o de coadyuvancia en esa materia.

Independientemente de eso, no podemos dejar de mencionar que, por naturaleza propia, los empresarios no estarían dispuestos en dar dinero sin ejercer control alguno en su aplicación y fiscalización; lo que pudiera ocasionar un conflicto en la toma de decisiones y de mando en la materia, agravando aún más la situación. No podemos dejar de ver que existiría la posibilidad que empresarios dedicados a proveer material / equipo / programas / adiestramiento en aspectos de seguridad, sean quienes aporten dinero buscando un beneficio y creando un conflicto de interés en consecuencia.

El gobernador no solo expuso la idea, sino que se atrevió a amenazar a los empresarios que no se deciden en aportar el dinero al fideicomiso, diciendo que “si no quieren, nos los llevamos a otro municipio”. No es la primera discrepancia entre los empresarios y Miguel Márquez, parece que la química con el gremio no se le da del todo.

Lo que debe entender es que, en el estado existen 239,539 unidades económicas (negocios/empresas), que para el 67.4% el tema que más les afecta es la inseguridad/delincuencia que sufren; que el 67.5% se siente inseguro en el estado; que el 42.3% fue víctima de un delito por lo menos y que tienen un promedio de 3 delitos cada uno.

Que de los 3 principales delitos que sufren (Extorsión, Robo/asalto de bienes y dinero, y Robo de mercancía en tránsito) es solo en el primero donde los empresarios tienen el control de la reacción, tan es así, que solo el 1.8% de las extorsiones fueron exitosas, pero en los demás delitos dependen de la autoridad.

El problema con la autoridad es que, el 59.4% de los empresarios confían poco o nada en la policía municipal; el 58.3% la considera poco o nada efectiva; pero el 76.6% la considera corrupta; al igual el 57.0% considera corruptos a los jueces y el 50.4% a la procuraduría del estado. Por lo que en consecuencia el 72.9% no denuncia los delitos sufridos “por causas atribuidas a la autoridad”.

El estado tiene la nada presumible cifra negra del 92.1%, es decir, el gobernador debe considerar que es más seguro ser delincuente que empresario en Guanajuato; ya que solo el 7.9% de los delitos contra los empresarios son castigados.

Todo esto se ve reflejado en un costo, que al final de cuentas los empresarios asumimos, el costo del delito a los empresarios en Guanajuato fue de 7,469 millones de pesos en 2015 ¿Para cuántos programas Escudo alcanza? Lo que ya afectó en su operación al 36.9% quienes debieron modificar/alterar su modo de trabajo, ya se han cancelando turnos, modificando rutas de distribución, etc.

Pero a los empresarios que está hostigando el gobernador son a los grandes del estado, son ellos quienes forman parte de las cámaras y de los organismos empresariales; son ellos quienes están en todas las formas de participación, pero curiosamente, son ellos quienes más sufren la delincuencia; vemos que la tasa de prevalencia delictiva en Guanajuato es de 4,229 (por cada 10,000 Unidades económicas), pero si vemos la tasa de las grandes empresas, ésta se eleva dramáticamente hasta 7,258 por cada 10,000.

¿Qué es lo que pretende el gobernador con esta nueva ocurrencia, tirar o pasar la papa caliente; diluir la responsabilidad de otorgar seguridad; demostrar que no tiene dimensionado el problema para con los empresarios del estado; o de plano, es tal la presión que no sabe cómo reaccionar?

El municipio al único que puede pedir ayuda para la seguridad pública es al Estado y éste a la Federación, no a los ciudadanos.

Si el gobernador debe entender que los empresarios no confían en él, que se sienten inseguros y que están más que sangrados por los delitos sufridos. Bien lo decía Napoleón Bonaparte: “En los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza”.

 

 

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