La erradicación de los núcleos de complicidad entre las policías municipales del sur del Estado y grupos del crimen organizado (van dos municipios y faltan más), pudo darse sólo después de que dejaron el gobierno los ex secretarios Gerardo Mosqueda y Baltazar Vilches.
¿Se trata de una relación de causalidad o sólo es coincidencia? Eso probablemente no lo sabremos en esta administración estatal.
Tampoco, por cierto, salen bien librados los alcaldes de los municipios intervenidos hasta ahora: el panista Roberto García Perea, de Tarandacuao; y el perredista Gerardo Silva, de Acámbaro.
En ambos casos, los operativos de intervención ocurrieron en respuesta a denuncias ciudadanas y no a peticiones de los propios ediles, aparentemente conformes con la actuación de sus policías.
