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sábado, febrero 27, 2021

Las banderas de la SEP

La fallida Administración de Calderón se caracteriza no sólo por los miles de hogares enlutados en una guerra que ya tiene perdida. También por el enorme endeudamiento público al que nos ha llevado y, sobremanera, por el desemedido crecimiento de la corrupción…

La “empresa” que encabeza el precandidato presidencial panista Alonso Lujambio debe aún muchas explicaciones sobre los fallidos festejos del Bicentenario independentista y Centenario de la Revolución. Una de ellas: la adquisición de ¡siete millones de banderas! Que, supuestamente, serían entregadas a todos y cada uno de los centros educativos del país y que, hasta hoy en día, permanecen arrumbadas en uno de los almacenes de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuánto nos costó esa compra a los contribuyentes? Poco más de 100 millones de pesos, comisión para funcionarios venales ya incluida, claro está.
Como este acto corrupto hay no pocos en la SEP. Pero permanecen en la oscuridad porque, muy seguramente, en su anterior cargo cual presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, Lujambio aprendió requetebién a simular, proteger y encubrir los actos ilícitos de quienes ahora son sus compañeros de gabinete.
Foco de infección de la podredumbre que avanza en la dependencia encargada de la Educación Pública es la Oficialía Mayor a cargo de Guillermo Bernal Miranda, quien designó a Karla Raygoza Rendón –con quien viene laborando desde hace años– como directora general de Recursos Materiales y Servicios. Desde la llegada de ambos, en 2009, la mata da, da y sigue dando.
Rentaron, por ejemplo, un edificio en la calle Netzahualcóyotl del centro de la capital nacional en 12 millones de dólares anuales, por el que se dice que recibieron una “comisión” de un millón de dólares. El primer mes de renta, como cualquier corredor de bienes raíces. Lo peor es que durante todo un año el inmueble estuvo vacío, por lo que el pago de renta fue dinero prácticamente tirado a la basura. ¿Y por qué no se ocupo de inmediato? Pues porque está estructuralmente dañado y no cumple las mínimas normas de seguridad. Mal negocio de la “empresa” SEP, SA.
No ha mucho, la pareja Bernal – Raygoza decidió cambiar a la compañía de seguridad privada que tenía 15 años brindando sus servicios a la empresa… perdón, a la Secretaría de Educación Pública. Y ya sabe usted, hasta en los pasillos del edificio de la calle de Argentina, donde se ubica la oficina que fuera de Justo Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet y hoy es del CEO de la SEP, se habla de otra muy jugosa comisión.
Desde luego, la señora Raygoza no oculta lo bien que le ha ido en estos dos últimos años, pues en lugar de transportarse en uno de los modestos vehículos que da la SEP a sus funcionarios, utiliza una SUV, de su propiedad, marca Mercedes-Benz, con un valor aproximado de millón y medio de pesos.
El escándalo en los pasillos decorados por murales de Diego Rivera estalló finalmente. Y su protector, el señor Bernal Miranda, decidió cambiarla a la titularidad de otra dirección general. Ahora lo es de Recursos Financieros donde –adivinó usted– sigue la mata dando: está en puerta la renovación de todos los equipos de cómputo de la empresa, perdón, de la SEP. Decenas de miles de máquinas de escritorio. Licencias de software. Servidores. Todo ello adquirido a una compañía privada ligada con la que la multicitada señora Raygoza.
No sólo hay corrupción en las adquisiciones de bienes y servicios. Hay indignación –y temor– entre algunos de los trabajadores de la SEP, quienes se han acercado a este escribidor para denunciar que, cuando menos, 37 de los 40 edificios que la “empresa” renta en la cuenca del Valle de México, carecen de las normas mínimas de seguridad –como sucede con el inmueble de la céntrica calle de Netzahualcóyotl–, pues han sido elegidos sólo por el monto de la comisión que estos funcionarios habrían recibido. La tragedia ronda a estos oficinistas y trabajadores.
Claro que todo ello no importa a Lujambio, ni a Bernal, ni a la señora Raygoza. Tampoco al ocupante de la Secretaría de la (Dis)Función Pública, “el primo” Salvador Vega Casillas. Ya por complicidad o por ignorancia, todos metidos en la corrupción.
Lo que si enojó sobremanera al CEO de la SEP fue que Bernal Miranda lo abandonara durante dos semanas. Pidió permiso para ausentarse la reciente Semana Mayor, pero también “se tomó” la de Pascua. Se fue a Europa con la señora Raygoza. El “empadronamiento” de Lujambio fue mayúsculo. Lo menos que dijo a Bernal fue que para qué lo engañaba… que él no era su juguete, según quienes oyeron los gritos –y no fueron pocos– del precandidato presidencial panista.
Toda esa “lana” de los “negocios” con dineros públicos destinados a la educación ¿es nada más para provecho de los involucrados? ¿Para la campaña, como arguyen ante contratistas y proveedores?
¿Dónde están las banderas anticorrupción?
Embodegadas. Como esos siete millones de lábaros patrios adquiridos para los fallidos festejos del 2010.

Índice Flamígero:

Una adivinanza para el señor Alonso Lujambio, quien luego se excusa con el clásico “no estaba enterado”: ¿Quién es ese otro director general dependiente de la Oficialía Mayor que, en dos años, consiguió mudarse de un modesto departamento ubicado en Avenida Universidad a un lujoso penthouse de Interlomas, en Huixquilucan, con valor superior al millón 700 mil dólares? ¿Con qué ojos? + + + En el resumen ejecutivo del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno –en el que, por supuesto, la primera avanzó y el segundo decayó el año anterior– dada a conocer ayer por Transparencia Mexicana se señala: En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos. En 2010, una ‘mordida’ costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. En 2007 el promedio fue de $138.00. En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por TM se destinaron más de 32 mil millones de pesos en ‘mordidas’. En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso…”

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Francisco Rodríguez
Correo electrónico: pacorodriguez@journalist.com Twitter: @pacorodriguez www.indicepolitico.com

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