La legalización de las drogas no termina con la delincuencia organizada ni con su rivalidad y violencia, afirmó el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, al señalar que el tema de legalizar las drogas debe separarse de la lucha contra el delito y la violencia.
A través de un comunicado, el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional dio a conocer su posición en torno al reporte titulado “War on Drugs”, publicado por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas.
En ese sentido, Poiré Romero señaló que la legalización de las drogas “tampoco fortalecerá las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Pensar que el crimen organizado en México es igual a narcotráfico, ignora que el crimen organizado comete otros delitos como secuestro, extorsión y robo”.
“El gobierno federal refrenda su firme convicción de mantenerse abierto a un debate integral y global sobre la regulación de las drogas y tomar medidas parciales es insuficiente e ineficaz, pues es un fenómeno transnacional, con una estructura de mercado internacional”, enfatizó.
Dicha problemática, aseveró, requiere ser analizada en un contexto mucho más amplio que en un sólo Estado.
Asimismo, reiteró la importancia de incluir los retos que enfrentan naciones productoras, de tránsito y consumo, al tiempo que se deben considerar las implicaciones en materia de salud pública y seguridad, así como las relaciones entre los agentes económicos.
Poiré Romero puntualizó, a través de su comunicado publicado la noche de este miércoles, que “ampliar el consumo de las drogas en mercados relevantes sin medidas que impacten el mercado y la cadena productiva, genera mayores estímulos económicos para los criminales”.
Abundó que se reconoce esa realidad y por ello es que el gobierno mexicano instrumenta desde el inicio de esta administración la Estrategia Nacional de Seguridad.
La estrategia citada aborda los retos del fenómeno criminal de una manera integral, a través del despliegue de Fuerzas Federales a solicitud de las autoridades locales.
En ella se prevé la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento institucional y del marco legal de los tres órdenes de gobierno y la cooperación internacional en la materia.
En este tenor, recalcó, “se rechaza categóricamente la apreciación de que en México, por definición, un mayor esfuerzo en la aplicación de la ley por la autoridad, tendrá como resultado un incremento en la violencia de los narcotraficantes”.
En el caso particular de México, “la violencia antecede a esta administración y su incremento en localidades específicas motivó a las propias autoridades locales a solicitar el apoyo de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad pública”, mencionó.
Puntualizó que por lo que se ha observado “en países de la región que registran altos índices de violencia, sin que hayan instrumentado esfuerzos integrales y decididos contra la delincuencia, la correlación insinuada en el reporte carece de solidez”.
A nombre del gobierno federal señaló que la posición de México es coincidente “con el reporte en no criminalizar a los consumidores de droga. En ese sentido, el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión reformaron la Ley General de Salud para tratar el consumo personal desde un enfoque de salud pública”.
Abundó que se mantiene también una política de prevención de adicciones, a través de 323 Centros de Atención Nueva Vida en el país, así como la atención especializada a más de cinco millones de personas mediante la Red Nacional de Atención a las Adicciones, de enero de 2009 a diciembre de 2010.
El Gobierno de México reiteró su convicción de que una seguridad auténtica y duradera solamente será posible con instituciones de seguridad y procuración de justicia eficientes y confiables en cada comunidad, así como con un tejido social sólido que rechace el delito.
