El juez segundo de lo penal en la ciudad de León, Juan Diego Vega Campos, decretó la inmediata liberación de siete personas implicadas en el homicidio y secuestro de un trabajador jubilado de Sapal quienes fueron presentados por la Procuraduría de Justicia estatal el miércoles pasado.
No obstante, antes que salieran en libertad, fueron reaprehendidos por los elementos de la policía ministerial acusados de secuestro y homicidio, por lo menos, permanecerán hasta que el proceso legal sea repuesto.
El juez determinó que la detención de los presuntos responsables del crimen, entre quienes se encontraba su nieta y el esposo de ésta, no fue legal por lo que ni siquiera ahondó en la lectura y análisis del expediente.
Según la Procuraduría de Justicia, Víctor Manuel Rodríguez Pérez, Miguel Ángel Orozco Flores, María Isabel Vallecillo Álvarez, Edgar Arturo Sánchez Estrella, Joseline Minerva Salazar García y los hermanos José Reyes y Rolando Daniel Rodríguez Montoya, habrían secuestrado en abril pasado a un hombre de 84 años de edad para pedir un “cuantioso rescate”.
Peritos en criminalística acreditaron que el hombre fue muerto a golpes por sus captores y luego arrojado a un pozo en la colonia Campo Verde. No obstante, habrían ya cobrado parte del rescate que pidieron a sus parientes. La procuraduría a acreditó la responsabilidad de los implicados con la confesión de la nieta, así como con trabajos de medicina forense.
Sin embargo el juez segundo de lo penal consideró que la detención de los siete implicados no fue apegada a derecho por lo que decretó su inmediata libertad. Se prevé que la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato impugne la decisión del juez Vega Campos.
Habrá de recordarse que el 22 de mayo pasado el juez sustituto en Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, liberó a 26 elementos de la policía local aprehendidos por la procuraduría de justicia del estado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
El juez Aguilera Razo determinó también calificar como no legal la detención de los 26 uniformados –ninguno de ellos regresó a sus labores ni en Jerécuaro ni en Coroneo- y mencionó que el Ministerio Público integró mal el expediente.
Aunque se esperaba que los implicados quedaran en libertad, antes que salieran del Centro de Readaptación Social de León, los siete fueron retenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
