El secretario de acuerdos en funciones de juez del Juzgado Primero Penal de Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, ordenó la liberación de 26 elementos de seguridad pública de Jerécuaro y Coroneo a quienes el Ministerio Público Federal acreditó delitos contra la salud y su participación en la delincuencia organizada.
De manera extraoficial, trascendió que pidió a las autoridades federales y estatales acreditar la existencia de la organización criminal La Familia Michoacana con quienes se vinculó a dichos elementos policiales a quienes se les detuvo en flagrancia y que confesaron –en algunos casos fueron señalados- de recibir dinero, participar en extorsiones y homicidios bajo las órdenes de dicha agrupación.
Casi a la media noche del sábado y visiblemente molesto, el procurador estatal Carlos Zamarripa Aguirre, ofreció una conferencia de medios para reprochar tal determinación del juez del fuero común en Valle de Santiago y exhibió que a esas horas no había recibido la representación social un informe formal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, sólo se avisó de la soltura de los servidores públicos a través de las autoridades penitenciarias del Cereso Mil en aquella demarcación.
El 11 de mayo pasado y tras una serie de investigaciones federales, las procuradurías General de la República y de Justicia de Guanajuato, así como las secretarías de Seguridad Pública federal y del estado, intervinieron las direcciones de seguridad pública de Jerécuaro y Coroneo donde se detuvo, además de los dos mandos policíacos, a 26 elementos de la policía, mismos que liberó el secretario del juzgado quien suple vacaciones del juez titular.
El día que fueron presentados los elementos de seguridad pública en las instalaciones de la Procuraduría Estatal, se reveló que los jefes de policía recibieron de los grupos criminales, pagos que oscilaban entre los 12 y los 5 mil pesos.
TRASCIENDE LIBERTAD DE POLICÍAS
Por la tarde del sábado, comenzó a circular la versión de la liberación de los policías de Jerécuaro y Coroneo. El hecho se confirmó por la noche aunque en la Procuraduría de Guanajuato no se notificó de manera oficial.
Cerca de las 23:00 horas se convocó a una conferencia de prensa que inició casi a las 24:00 horas en la que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó la liberación aunque, advirtió, se dio pese a los elementos de prueba y la acreditación de delitos federales que constan en la causa penal 104/2011 radicada en el Juzgado Quinto de distrito de Guanajuato que, luego, fue enviad del Juzgado Federal al juzgado de Primera Instancia de lo penal en valle de Santiago.
El expediente se remitió “para efecto de calificar la detención, tomar declaración preparatoria y resolver la situación jurídica de diversos inculpados, entre ellos, personal de la dirección de Seguridad Pública” de ambos municipios por su probable responsabilidad penal en la comisión de delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento y su ejecución con la agravante de que fueron cometidos por servidores públicos, comentó el procurador.
Durante el mensaje que leyó casi la madrugada del sábado, Zamarripa Aguirre reconoció que el proceso penal calificó de legales las detenciones, se recabaron las declaraciones preparatorias y se realizaron las diligencias “entre otras en las cuales el agente del Ministerio Público del fuero común, estuvo interviniendo dentro de dichas diligencias”.
FUE UNA LIBERACIÓN IRREGULAR
Según los informes extraoficiales que recibió la procuraduría de justicia, no del Poder Judicial del Estado de Guanajuato sino de personal penitenciario del Cereso Mil, los 26 detenidos en Jerécuaro y Coroneo fueron liberados entre las 13:00 y 13:30 horas del sábado. A la media noche no tenían una información oficial.
“La autoridad jurisdiccional nos debió notificar a través del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal, sin embargo, no aconteció así, es decir, fuimos notificados y se nos externó por parte del secretario de acuerdos del juzgado en referencia, que no lo notificaría hasta el próximo lunes, situación por demás irregular”.
Zamarripa Aguirre sostuvo que la liberación de los policías vinculados al narcotráfico y ordenada por un juez del fuero común es también “del todo inconsistente” debido a que las autoridades federales acreditaron delitos federales.
“Por ello hacemos patente nuestro desconcierto e inconformidad por la decisión asumida por el juez local del partido judicial de Valle de Santiago, más aún porque desconocemos las razones que motivaron es decisión”, mencionó el procurador.
LOS TRASCENDIDOS
Aunque las autoridades estatales no recibieron un reporte oficial del por qué un juez local decidió liberar a personas cuyos delitos fueron acreditados por un juez federal, trascendió que parte de la fundamentación del argumento del secretario en calidad de juez primero de lo penal en Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, es que se debe acreditar la existencia del grupo delincuencial autodenominado como La Familia Michoacana.
A decir de las fuentes consultadas por Zona Franca, el juez consideró que no hubo elementos para sostener acusaciones contra los servidores públicos cuando se basaron en su participación con una agrupación criminal que, según el juez, se declaró ya fuera de actividades.
No obstante, el procurador Carlos Zamarripa se negó a dar declaraciones al respecto debido a que, sostuvo, no conoce la fundamentación del juez local para liberar a los detenidos procesados por delitos federales quienes se encontraban detenidos en el Cereso Mil de Valle de Santiago.
Tampoco se informó si entre los liberados, estaban las tres mujeres quienes se encargaban de la plaza en aquella región o si sólo fueron los policías los liberados.
