El jueves 26 de noviembre, a sesenta días de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos, el presidente de la república anunciará cambios que se suponen sustanciales en materia de justicia y estado de derecho.
Se trata, como lo ha avanzado el secretario de Gobernación, de modificar lo que no está caminando bien.
Algunas filtraciones, como la hecha por el senador Miguel Barbosa suponen que habrá, lo que él ha llamado, una comisión para reformar el estado de derecho y enfrentar el problema de la violencia.
Entre las tareas de esa comisión, o los anuncios que se esperan del presidente, está retomar el tema del mando único de las policías, como una manera de fortalecer a las agrupaciones de seguridad pública, sobre todo en el ámbito municipal.
Seguramente el anunció contemplará más cosas. A mi me parece que hay una que es urgente: firmar un pacto con la sociedad, que comprometa al gobierno, y cuando habló de gobierno me refiero además a todos los partidos políticos, o al menos a aquellos que en cualquier rincón del país son responsables de haber llevado a una persona a desempeñarse en una presidencia municipal, en una sindicatura o en una regiduría; y también a aquellos que ganaron una gubernatura o incluso la presidencia de la república.
Ese pacto debiera contemplar medidas serias contra la corrupción en todos sus niveles. Debemos tener instrumentos reales para combatirla, pues los que el propio gobierno ha construido, ha quedado claro que no sirven más que para ser sus propias tapaderas.
El componente principal de la ruptura de la relación entre gobierno y sociedad, es la corrupción.
Uno de los casos más atroces de corrupción sucede cuando un gobernante decide asociarse con el crimen organizado. Lo sucedido en Iguala, que desencadenó la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes, da muestra de ello.
También es corrupción la que ejercen buena parte de los funcionarios que no se conforman con ganar un salario, sino que se ven más interesados en poder hacer negocios particulares desde ese cargo, o de recibir dádivas o “moches” tras favorecer a tales o cuales personas con las decisiones que toman.
Es evidente que para muchos gobernantes, no se trata de servir, sino de servirse.
Así pues, una de las prioridades en la recomposición de nuestro país, y ojalá sea parte del anuncio que se hará el jueves, es que el gobierno acepte por fin combatir la corrupción, sea quien sea el corrupto.
Twitter: @r_izaguirre
