En una decisión de alcance, la Suprema Corte de Estados Unidos avaló hoy una ley promulgada por el estado de Arizona que penaliza a las empresas que contraten a trabajadores indocumentados.
La decisión, por 5 votos a favor y 3 en contra, supone una victoria para el gobierno de Arizona y un duro revés a la administración Obama que decidió ponerse al lado de un nutrido grupo de organizaciones defensoras de los derechos civiles para cuestionar la autoridad de los gobiernos estatales para regular leyes federales en asuntos de migración.
En su resolución, los jueces que conformaron el voto de mayoría consideran que la ley promulgada en el 2007 por el gobierno de Arizona, bajo el mandato de la entonces gobernadora, Janet Napolitano, permite a las autoridades de ese estado a revocar o suspender licencias a empresas o comercios que contraten a sabiendas a trabajadores indocumentados.
Además ésta ley obliga a las empresas a participar en el programa federal conocido como “E-Verify” en el que las compañías tienen que verificar el estatus migratorio de sus empleados.
La ley que ha decidido validar hoy la Suprema Corte es diferente a la polémica legislación SB1070 promulgada por la gobernadora Jan Brewer y que permite a los agentes policiales determinar el estatus migratorio de cualquier persona que les parezca sospechosa de ser un indocumentado.
Sin embargo, la decisión adoptada hoy por el alto tribunal, podría influir en el ulterior desarrollo de las disputas legales que ha presentado el estado de Arizona por otras leyes antinmigrantes como la SB1070.
Precisamente, el pasado 9 de mayo la gobernadora de Arizona Jan Brewer anunció que acudiría ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que anule el fallo de una jueza federal que suspende la implementación de algunas cláusulas polémicas de la ley SB 1070 en ese estado.
El secretario de Justicia de Arizona Tom Horne confirmó a su vez que acudiría directamente a la Corte Suprema, eliminando una posible segunda apelación ante la corte de apelaciones de San Francisco y ahorrando tiempo para resolver un caso que podría tener mejor acogida entre el grupo de magistrados conservadores que hoy mismo le daban la razón a las autoridades de Arizona para la implementación de una ley que penalizará la contratación de inmigrantes indocumentados en ese estado.
La resolución adoptada hoy ha contado con el apoyo del bloque conservador del Tribunal Supremo y las opiniones en contra de magistrados como Sonia Sotomayor y Ruth Ginsburg.
