León, Gto. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha esclarecido el asesinato de Juan Fernando Aceves de 25 años de edad. Sin embargo, empleados de un bar han denunciado que los excesos cometidos en el curso de la investigación han provocado que sus empleos corran peligro.
De acuerdo con la última declaración del Ministerio Público, a más de una semana del crimen, aun no se ha establecido una línea de investigación, en tanto, la única declaración oficial que se ha recabado es la de Berenice, quien fue pareja sentimental de la víctima.
Aunque el primer señalmiento apuntó a un centro nocturno ubicado en la Calzada de Los Héroes, las cámaras pertenecientes al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ubicadas justo afuera del lugar no han sido suficientes para descartar o definir los hechos.
De acuerdo con la comparecencia de Berenice, el sábado 11 de agosto acudió a un bar de la zona del Arco de la Calzada, ahí su novio se lio a golpes con otros jóvenes, los cuales posteriormente les secuestraron.
Sostuvo que esto ocurrió al salir del bar. Varios hombres los abordaron por la fuerza a un automóvil color blanco y los trasladaron a la carretera León – Lagos de Moreno donde a ella la abandonaron. Después, habría perdido comunicación con Luis Fernando.
Después declararía que no los abordaron saliendo del bar, ocurrió a las afueras de la casa de Luis Fernando en la calle Valverde y Téllez esquina con Dolores Hidalgo en la colonia Industrial.
Ambas declaraciones fueron tomadas como válidas por parte de la PGJE.
Megaoperativo para solicitar una USB
Una vez encontrado el cadáver de Luis Fernando, a un costado de la carretera León a San Felipe el Lunes 13 de agosto por la mañana, la Procuraduría General de Justicia del Estado irrumpió en el referido bar en la Calzada de Los Héroes.
En varias camionetas y alardeando un despliegue con unidades tácticas, poco más de 40 agentes ministeriales arribaron al negocio, que en varios medios de comunicación se difundió como un presunto cateo. No era tal. Su objetivo era pedir una copia de los vídeos de seguridad.
“Llegaron varias camionetas, se bajaron los agentes, armados como para la guerra, pensábamos que detendrían a alguien, que algo pasaría, todo ello fue solo para decirnos que si por favor les pasábamos una copia de los vídeos de seguridad del bar, ¿y para eso todo el show?” contó un mesero que se encontraba realizando labores de limpieza dentro del bar.
Pese a que varios medios de comunicación como El Heraldo de León, y el Periódico AM, mencionaron que se trataba de un cateo y no de una petición, la PGJE no aclaró en su atención a medios del día siguiente el motivo fundamental de la visita de los agentes ministeriales.
Erróneo manejo de información afecta a empleados
El movimiento sin sustento de un nutrido grupo de agentes ministeriales, que derivó en notas informativas en diarios locales, ha terminado por afectar a empleados del bar.
“Somos 115 empleados, aquí siempre hay seguridad, la provee una compañía autorizada por el municipio y el estado, a ellos les hacen en Guanajuato antidopings y control de confianza, somos el único lugar que desde que abrió hay detectores de metales en la entrada, la seguridad es primero” relató un empleado.
Al cuestionarles a varios empleados, ¿cuál ha sido el panorama que se vive en el bar?, comentaron que ha sido incierto, pues las especulaciones, los rumores y la desinformación en torno al caso, amenaza su fuente de empleo.
“El bar estaba lleno, todo en orden, esa noche hubo una sola riña que están identificados los participantes y nada que ver, misma que el personal de seguridad manejo con calma; afuera del bar había más de 20 personas entre Uber’s, taxis, vendedores de comida, valets, clientes y cadeneros y nadie reportó nada a 911, la policía municipal seguido da sus rondines, la PGJE no vino a hacer un cateo, querían una USB con los vídeos y jamás lo aclararon, dejaron que ello corriera en rumores, la clientela disminuyó, somos el único lugar nocturno del corredor turístico cuya licencia corresponde al giro. Esperamos que ello mejore, dependemos de este trabajo”, contó una empleada.
Y el caso sigue impune…
Hasta el pasado lunes 21, una semana después del homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Estado sostiene que la única declaración en la que se menciona que Juan Fernando fue privado de su libertad en el bar, es la de su novia.
Nadie más ha rendido declaración en torno al caso.
Fuentes allegadas al caso, revelaron a Zona Franca que las grabaciones de una cámara de seguridad del C-4, situada a escasos metros del bar, ya fueron revisadas por el personal adscrito a la investigación y estos no encontraron evidencia de que ahí hubiese ocurrido una privación ilegal de la libertad.
Tampoco la autoridad ha podido comprobar que en el bar hubiese ocurrido una pelea entre varias personas.
