No fue una sorpresa para nadie, quizá menos para las propias autoridades municipales afectadas, la intervención de fuerzas de seguridad del estado para detener y, a la postre, consignar a varias decenas de elementos y mandos de las corporaciones de seguridad pública en dos municipios del sur de la entidad: Tarandacuao y Acámbaro.
Ambos municipios han sido escenario de una serie de ejecuciones al mejor estilo de la delincuencia organizada. La influencia del vecino estado de Michoacán es innegable en términos sociales y políticos. Por lo que parece, esa conexión se ha extendido ahora a la actividad delictiva.
La preocupación ha cundido en otros municipios de la zona que presentan fenómenos parecidos e, incluso, más graves que en los dos que se ha intervenido. Llama la atención, sin embargo, el silencio y la impotencia de las autoridades electas en los ayuntamientos, al parecer rebasados ampliamente por las circunstancias.
La situación, sin embargo, tiene límites: uno de ellos es el de la capacidad de las fuerzas de seguridad del estado para hacerse cargo de la labor policial en los municipios que ya han sido intervenidos más los que podrían serlo en el futuro cercano. El otro límite preocupante es el de la responsabilidad que el estado debe asumir en detrimento de la autonomía municipal.
Hasta hoy, la acción ha sido para poner un coto a la descomposición en materia de seguridad. Pronto, quizás haga falta una intervención para detener la descomposición política.
