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jueves, enero 28, 2021

Nos obligó un juez a pagarlo: Jorge Estrada

El alcalde de Irapuato indicó que en menos de 24 horas un juez modificó la sentencia para beneficiar con 18.8 millones de pesos a un particular. Foto: Elihú Ojeda.
Ante la demanda penal de la administración municipal de Jorge Estrada Palero contra “quien resulte responsable” en el caso del fraccionamiento Las Misiones, donde se tuvieron que pagar 18.8 millones de pesos, el alcalde acusó que un juez fue el que manipuló el proceso para beneficiar a un particular.

Aunque quiso omitir el nombre del juez, el alcalde de Irapuato, Jorge Estrada Palero, acusó que fue un juez quien en menos de 24 horas modificó la sentencia puesta al Municipio, donde se debería pagar 18.8 millones de pesos al fraccionamiento tras un proceso que acarreaba sobre un predio.

“Lo pagamos porque nos obligó un juez a pagarlo. Ahora desde la cancha legal, desde los puntos legales, estamos defendiendo para recuperar ese dinero, porque la verdad creemos que fue mal manejado”, dijo en entrevista para Zona Franca.

“Se pusieron vivos unos abogados, que para mí son unos bandidos, y que demandaron al Municipio, cuando recibimos nosotros la administración pública ya estaba perdida en tercera instancia, y que un juez cambió la sentencia y que eso apegado a Derecho en Justicia no se puede, por eso interpusimos la demanda”.

Agregó que la denuncia penal no señala a alguien en particular, pero que sí hubo facilitadores a favor de una persona, “no podemos nosotros señalar en este momento un responsable, pero pues es todas las personas que estuvieron involucrados en el asunto fraccionamiento Las Misiones, que después de 25 años vienen a reclamar un pago de unas afectaciones que realmente ya estaban cubiertas, que realmente habían sido donadas al Municipio”.

Además se sigue una denuncia civil ante los Tribunales del Juzgado Civil, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y un nuevo proceso de sanciones administrativas por parte de la Contraloría Municipal, misma que deberá determinar si la administración municipal que recibió la demanda en 2004 actuó con negligencia y como consecuencia los funcionarios habrían violado la Ley de Responsabilidades de los Trabajadores de la Administración Pública, para ser acreedores a sanciones de hasta inhabilitación en cargos públicos.

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