Entre el crédito de las iniciativas, la falta de civilidad política y la torre de babel en la que suele convertirse el Congreso de Guanajuato, los legisladores ayer dieron muestras de la falta de entendimiento hasta en el más elemental de los ejercicios.
En medio, la Secretaría General es la que verdaderamente deja en entredicho su actuación, pues aunque el conflicto se polariza, lo que no puede hacer es tomar parte.
Partidos y políticos parecieran tener una naturaleza estridente, pero de la entidad institucional se espera una postura mucho más imparcial y plural.
Alberto Padilla, de la omisión a la complicidad
En el pasado, Alberto Padilla Camacho señaló reiteradamente la necesidad de apretar los controles sobre las compras y contrataciones directas, que se realizaban en la administración de Bárbara Botello Santibañez.
Pero al mismo tiempo, se benefició de estas asignaciones con compras y contrataciones que se le aprobaron sin mayores sobre saltos.
Hoy, son ese tipo de adquisiciones las que se encuentran bajo observación.
La discrecionalidad con la que Botello autorizó compras directas y -como afirmó Alberto Padilla en su caso de referencia- sin necesidad de cotizaciones previas, fue una operación común que hoy supone pérdidas millonarias para el erario con probables responsabilidades penales.
Así, Padilla contrató un servicio de más de un cuarto de millón de pesos para el desarrollo de una aplicación móvil, que tuvo una vida práctica limitada e innecesaria, pues las tecnologías de la información ya ofrecen, como lo hacían en aquel 2014, servicios gratuitos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas.
La difusión de esta información ayer en Zona Franca, motivó el reclamo airado de quien se dedicaba a revisar ese tipo de compras, arguyendo que requería aclarar en corto las excepciones legales que le permitieron realizar la contratación, defendiendo el proceso discrecional que ahora es seriamente vilipendiado.
Una observación directa del exfuncionario, se concentró en que la nota in comento consignó una cotización del servicio de diseño web, a cargo de la firma ‘Black Lion’, que pese a no ser la proveedora, sí fue la encargada de entregar un listado de los servicios que serían solicitados por Padilla, y luego contratados a Emotions Films.
Llama poderosamente la atención que alguien que fungió como contralor municipal, pretenda aclarar en privado decisiones públicas que tomó al amparo de un proceso discrecional de compras, que, además de ser reiteradamente observado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, esté prácticamente en extinción.
Se trata de un exfuncionario, que no obstante los señalamientos reiterados de su partido, el PAN, no pudo sacar adelante los procesos de sanción y control que hoy son un lastre para el Alcalde Héctor López Santillana.
Así las cosas.
Coordinación ausente en San Francisco del Rincón
La balacera ocurrida el pasado lunes en las calles de San Francisco del Rincón, entre policías y presuntos delincuentes, que terminó con la muerte de un supuesto pistolero, en el papel debería ser un punto a favor de la autoridad, no obstante, también deja dudas en su actuar.
Se evidencia una falta de coordinación entre la autoridad municipal y la del estado, quienes no se ponen de acuerdo en dar a conocer los resultados de dicha intervención.
Resulta que la dirección de Seguridad Ciudadana de San Francisco difundió un comunicado donde detalló que el inicio de la persecución se derivó de que policías municipales detectaron en un vehículo a uno de los presuntos asesinos de tres jóvenes en un camión de turismo y por eso le marcaron el alto.
Al no hacer caso, y por el contrario, disparar contra los policías, se inició un persecución y enfrentamiento que concluyó con un presunto pistolero muerto y dos detenidos, según la policía local.
No obstante, para la procuraduría de Justicia, no hay elementos para vincularlo con el triple crimen del camión y nunca hablo de alguna persona capturada tras estos hechos.
Ayer, tres días después del enfrentamiento, el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, anunció la captura del “Piguas”, como uno de los que participó en la balacera.
El tema es que hasta hoy la Procuraduría no tiene elementos para asegurar que Ubaldo, -el presunto delincuente fallecido-, o el “Piguas”, tengan que ver con el triple homicidio a bordo del camión.
El “Piguas”es un presunto delincuente vinculado a diversos delitos como venta de droga, robo de vehículos y Homicidios, cuya captura es por alguna razón oxígeno puro para Carlos Zamarripa.
Quienes lo conocen al Piguas, hasta aseguran que en su casa tenía un túnel para escapar, dato que no ha sido difundido ni corroborado por ninguna autoridad.
Tampoco cuenta con alguna orden de aprehensión, por lo que sería procesado de momento por la tentativa de homicidio en contra de policías preventivos, y por delitos contra la salud por la portación de un arma de grueso calibre.
Habrá que ver si pronto regresa a las calles el “Piguas” o si su captura es un acierto importante para la Procuraduría.
*Con la colaboración especial de Alejandro Sandoval
