Javier Valdez es el sexto periodista asesinado en 2017. El crimen cometido contra este reconocido periodista de investigación sobre el tema del narcotráfico y colaborador de La Jornada, desencadenó la reacción inmediata de colegas y medios de comunicación, quienes exigieron que cese la violencia contra el gremio.
Desgraciadamente en Guanajuato, fueron pocos medios los que decidieron sumarse a esta medida y alzar la voz para exigir que se haga justicia por el homicidio de estos 6 periodistas. La generalidad de los medios impresos en Guanajuato sólo le dedicó una nota al asesinato de Valdez, contabilizándolo como uno más entre la lista de los miles que ocurren en México.
Los medios impresos, radiofónicos y televisivos en Guanajuato tampoco hicieron paro de labores ni condenaron la muerte de un colega. A título personal, sólo algunos de los colaboradores de los medios tradicionales hicieron pronunciamientos.
Las reacciones provinieron de medios no convencionales, principalmente sitios web y contados medios impresos a nivel nacional, cuya línea editorial está enfocada a la investigación y los derechos humanos. Una decisión común fue hacer un paro de labores.
Estás diferencias en la postura de los medios locales es lo que ha ido generando el surgimiento de un sector de periodistas proactivos y comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y de los derechos de quienes informan. La unión del gremio es importante, sin importar que el periodista agredido trabaje en otro estado o se especialice en un tema distinto.
Asesinar a un periodista, censurarlo o golpearlo son hechos que deben ser condenados no sólo por el gremio sino por el gobierno mexicano, que tiene entre sus obligaciones respetar la libertad de expresión.
Fallo del TCA, nuevo reto para HLS
El rechazo al amparo promovido por la empresa regiomontana Red Recolector, así como la posterior ratificación del fallo que dictó el Tribunal del Contencioso Administrativo para reponer el fallo –ojo, no el proceso completo- de la licitación de la recolección de basura en León, supone varios escenarios que pondrán a prueba, una vez más, el verdadero oficio político de la administración de Héctor López Santillana.
Situándonos nuevamente en el escenario de la última reunión reglamentaria del Comité de Adquisiciones, en la que se decidirá cómo se reparten los contratos del servicio de recolección de residuos sólidos, se anteponen cuatro escenarios posibles:
- Declaración de licitación desierta
- Reasignación de contratos entre Gisa y Red Recolector con mayor beneficio para el primero
- Ratificación del resultado
Las dos primeras opciones se convierten en las de mayor posibilidad, pues no se vislumbra un gobierno de López Santillana que necesitado de popularidad, reitere una de las acciones que más repudio causó contra la exalcaldesa Bárbara Botello Santibañez.
De manera que el panorama venidero trae consigo una nueva confrontación contra Red Recolector. El mismo proveedor con el que se tuvo que discutir el último incremento al costo del servicio que, por cierto, terminó por incrementarse 4.2 por ciento en este caso concreto y 2.95 por ciento en el de Gisa.
Red Recolector tiene un contrato firmado que, en caso de que se busque anular o modificar, será susceptible de un nuevo litigio. Al final, se trata de un acto de negligencia que, si bien se cometió en la administración anterior, el acto legal es el municipio de León. Las consecuencias económicas estarían nuevamente en vilo.
¿Será el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, el verdadero negociador que logre allanar el camino entre las concesionarias y el municipio? ¿Qué opinión tendrá Carlos Medina a ser presidente del comité que habrá de reponer el fallo licitatorio?
Al final, se vuelve ilustrativo que el rechazo del amparo se haya dado a conocer mediante una filtración a un medio de comunicación, y no se haya capitalizado como un acto a celebrar –o al menos a boletinar- por parte de la administración que encabeza López Santillana.
