Zamarripa, perpetuidad a elección propia
Carlos Zamarripa Aguirre está a la puerta de convertirse en el procurador estatal de justicia, con mayor perpetuidad de los últimos tiempos.
Si los ocho años que ya suma desde aquel año electoral de 2009, han marcado un periodo de golpes y contragolpes entre la institución y los índices de criminalidad, lo que está puesto a la puerta debería de llamar al análisis no solo del Congreso Local, sino del propio gobernador Miguel Márquez.
Sucede que ayer los diputados locales aprobaron el dictamen para la creación de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado, la misma que a nivel federal busca dar autonomía al ejercicio de la persecución de los delitos y evitar, de una vez por todas que “cuando la política entre por la puerta, la justicia salga por la ventana”.
El detalle fino puesto en los transitorios, es que el primer fiscal guanajuatense, será quien ocupe la silla del procurador en turno. Su gestión como renovado fiscal iniciaría en 2018, muy probablemente antes del cambio de gobierno. De ahí en adelante, se sujetaría a los términos de la ley hasta terminar su periodo en el año 2027.
Vaya paradoja. Una de las motivaciones de transformar la figura del funcionario encargado de perseguir los delitos, realizar las investigaciones, sustentar las acusaciones y en suma, reducir en su máximo la impunidad, despegándolo de los intereses políticos para acercarlos a los estrictamente apegados a derecho.
Pero se está por permitir la continuidad un funcionario que cumpliría la friolera de 18 años en esa función.
El interés de la perpetuidad en un cargo es, en sí mismo, un interés político.
Entendible es la necesaria profesionalización del encargo público, pero también lo es el desgaste natural en una cartera imprescindible para la gobernabilidad de un estado.
Así como está dispuesta la creación de la fiscalía general de justicia, los únicos que podrían evitar la perpetuidad serían el propio Carlos Zamarripa y Miguel Márquez, a quienes no se les ve alguna intención.
Al final resulta que la medida para encontrar la autonomía del nuevo fiscal, será la menos autónoma de todas.
Raúl Montero requiere colmillo para la defensa de periodistas y activistas
El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Raúl Montero de Alba todavía no alcanza a dar el salto y tener una postura enérgica frente a los temas que deberían ser de su competencia, por ejemplo la discusión del dictamen para la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Montero de Alba fue cuestionado sobre los motivos que dio la Procuraduría de Derechos Humanos a los diputados locales para externar les algunas sugerencias respecto a este dictamen, el Ombudsman no puedo precisar cuáles son estas acotaciones.
La buena noticia es que Raúl Montero ya confirmó su participación en las mesas de trabajo que el Congreso Local estará realizando para el análisis de este dictamen, es valioso porque al menos ya demuestra el interés por involucrarse en un tema cuya relevancia ya rebasó los límites estatales y que además significa protección para los activistas y periodistas.
Hasta ahora y no sólo en este tema Raúl Montero de Alba ha adoptado una postura prácticamente neutra en la defensa de los derechos humanos, su experiencia como subprocurador no ha significado un respaldo a su cargo. Posiblemente si tenga los conocimientos necesarios aunque su actitud ante activistas y la prensa misma no ha mostrado suficiente colmillo.
