Seguro Popular, Guanajuato en la lista negra
El uso de los recursos públicos durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, careció, en varios sentidos, de la pulcritud que requiere el uso del erario que proviene de las arcas federales. Ese motivo incluye a la entidad dentro de las señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y dos de las organizaciones más serias dedicadas a la rendición de cuentas.
El pasado 31 de octubre figuras como Jacqueline Peschard Mariscal, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, por cuenta de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, presentaron 22 denuncias penales ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.
Se trata de acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de 11 estados de la República por actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016. Ahí está Guanajuato contribuyendo en los 36 mil millones de pesos malversados cuando su destino era el Seguro Popular, así como irregularidades financieras en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
La base de las denuncias son los mismos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales reportan numerosos desfalcos de recursos públicos federales por parte de los gobiernos estatales, destinados al sector de salud pública.
Es bien conocida la infausta utilización de los recursos destinados a la distribución de medicamento del Seguro Popular durante el gobierno de Márquez. La insistencia en la declaratoria desierta, la asignación directa a dos empresas como Dimesa e Intercontinental de Medicamentos por cinco años consecutivos, colocaron el tema en el foco nacional.
Si bien los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades, aun deberán de esclarecerse y especificar, en ese cuadro, qué lugar ocupa Guanajuato, las denuncias observaron que los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados, no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al FASSA.
La administración de Márquez dejó entonces, un estado dentro de la lista negra de los malversadores de fondos, dentro de un sector sensible y medular de las políticas públicas: la salud.
Mayorías que no alcanzan
Para nadie es un secreto. La mayoría arrazadora de Morena, sobre todo, en San Lázaro, se antoja como el mecanismo que monopolice las decisiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, el número de legisladores puede ser garantía de una votación suficiente para empujar decisiones, pero no para argumentarlas.
Por imperfecciones, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que plantea que nadie puede ganar más que el presidente de la República tendrá una vigencia parcial.
Fue ese el flagelo que encontró, por primera vez de manera consistente la oposición, en este caso representada por el PAN.
Las causas que Morena abandera como nueva fuerza política, que aspira a ser renovadora y distinta a la lógica que imprimieron los partidos políticos, deben antes llevar un apego a la legalidad. Ahí es donde sus pretensiones de poner freno a las exponenciales remuneraciones de los funcionarios públicos, encontraron observaciones serias.
La bancada de Morena retomó un documento de 2011 que ya no corresponde a las circunstancias actuales. Se dejó de lado que lo único que se requería era la reglamentación en una ley secundaria, con el objetivo de apresurar que quedara antes de la aprobación del presupuesto 2019.
Estos errores técnicos ofrecen una moraleja que incluso podría encajar para los legisladores de Acción Nacional en Guanajuato: las mayorías legislativas logran sacar adelante causas partidarias, pero que mal diseñadas, comprometen su viabilidad dentro de una realidad cambiante.
