Tremendo lío en el que se han metido el Partido Acción Nacional y el Partido Verde tras el escándalo descubierto luego de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato analizó las finanzas de la administración del exalcalde de Villagrán, Rubén Villafuerte Gasca y se descubrió que destinaron 7 millones de pesos a una empresa cuyo accionista es Antonio Acosta, actual alcalde.
En aquel entonces, Antonio Acosta era candidato del PAN a la alcaldía y todo parece indicar que estos millones sirvieron para financiar la campaña que lo llevó hasta el poder.
Carlos Chacón Calderón, dirigente del Partido Verde en Guanajuato, de plano no pudo responder de una manera acertada cuando se le cuestionó sobre la responsabilidad del instituto político al que encabeza, ni sobre la posible culpabilidad del exalcalde Rubén Villafuerte.
A Chacón no le quedó más que titubear, decir que no ha tenido contacto con el exalcalde y aventarse la frases típicas como “que se sancione si hay alguna responsabilidad” y “no toleraremos actos de corrupción”.
Antonio Acosta es el que salió a defenderse en un discurso que raya en la paranoia y señalando que la ASEG está basándose en mentiras fundadas por integrantes de la administración pasada para afectarlo.
Tras estas declaraciones, ¿dónde dirá el PAN que queda la legitimidad de la ASEG? Antonio Acosta debe recordar que pertenece al partido que gobierna en Guanajuato y que es el mismo que a toda costa ha defendido la “autonomía” y buenos resultados de este organismo fiscalizador.
Los transportistas se mueven
- Mientras Gustavo Rodríguez Junquera se toma su tiempo para asentarse en su cargo como Secretario de Gobierno, sin hacer apariciones públicas, los transportistas del estado se preparan para la ofensiva contra el Sistema de Transporte Intermunicipal planteado por el gobernador Miguel Márquez.
- Los empresarios, hasta eso, lo esperan. No han expresado mayor comentario sobre el papel que Rodríguez Junquera habrá de desempeñar dentro de la mesas de diálogo en las que se pretende fundamentar la conveniencia, social y económica, del proyecto de movilidad acuñado por el exdirector jurídico de Flecha Amarilla, Juan Carlos Martínez, hoy director del Instituto de Movilidad.
- Lo que sigue muy claro para los concesionarios del transporte público en León, encabezados por Daniel Villaseñor Moreno, así como para su jefe, el otrora líder sindical Fernando García Murguía, es que el proyecto del Unebus favorece de manera desmesurada a Flecha Amarilla, al poner a su disposición las vías urbanas para su operación.
- Ante esto, no escatiman en la defensa legal y ya invierten alrededor de un millón de pesos, según afirmaron, en un estudio técnico que les ayude a fundamentar los amparos que ya interpusieron. Además, ya se acercan a transportistas de otros municipios del corredor industrial para masificar sus demandas.
- Tan sólo el próximo jueves se estarán reuniendo con empresarios de Irapuato, para buscar su apoyo y que se sumen a las mesas que al momento resultaron insuficientes.
- De manera que, mientras Gustavo Rodríguez se anima a tomar el toro por los cuernos, los transportistas continúan agrupándose en contra de un sistema de transporte que ha dejado más dudas que certezas.
Transparencia sin transparencia en la UG
- No se informó a los medios de comunicación de la sesión extraordinaria del consejo general de la Universidad de Guanajuato, en la que se aprobó el dictamen del nuevo reglamento de transparencia, acceso a la información y datos personales de la institución, un error que no es menor.
- Cuando el consejo general de la UG, aprobó el nombramiento de la maestra Adriana de Santiago Álvarez, como titular del órgano de control interno, también se informó a través de un escueto boletín cuando el hecho estaba consumado.
- El rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, señaló en entrevista al final de la sesión del máximo órgano de gobierno de la colmena universitaria, que lo que se hizo con la aprobación del dictamen del nuevo reglamento de transparencia fue adecuar la norma de la institución con la estatal y la federal, lo que sin duda es algo importante.
- Y no por eso se va a dar la transparencia por decreto, pues señala que con lo aprobado no se concluye un proceso, sino más bien es un punto de partida para hacer los procesos más transparentes.
- Por eso se empieza mal otra vez, pues se tendría que haber convocado a los medios de información dada la trascendencia de lo tratado en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario.
- Adriana de Santiago señala que la transparencia no es sólo de las instituciones sino de todos; pero por lo que se ve en esto de generar una cultura de transparencia se está muy lejos, en lo que tendría que tener mano las dependencias encargadas de la comunicación social, lo que muchas veces parece lo contrario.
- Al final de la sesión del Consejo General de la UG., se dijo que el rector Guerrero Agripino no iba a dar entrevista, lo que hubiera sido un doble error; pero parece que a él ni siquiera eso se le consultó, pues cuando se le buscó entrevistar accedió sin poner reparos.
- Si se criticó la opacidad del proceso a través del cual se nombró a Adriana de Santiago como titular del órgano de control interno de la UG, pasando de la contraloría al nuevo cargo, y ahora no se convocó a la sesión del consejo universitario en la que se aprobó el nuevo reglamento de transparencia, se espera que las cosas cambien para bien, aunque mal se empezó.
