León, Gto. El titular del Órgano de Fiscalización Superior, Javier Pérez Salazar, sostuvo que las omisiones y fallas que se hallaron en el proceso de contratación del Proyecto Escudo son cuestiones subsanables. 
Javier Pérez Salazar
“Por la responsabilidad en que incurrieron son cuestiones subsanables, pero que sí deben de determinar un fincamento (sic) de responsabilidad de tipo administrativo para aquellos que intervinieron en el procedimiento, pero al final el contrato como tal no se invalida”.
Al finalizar la reunión que sostuvo con los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Pérez Salazar aseveró que la encargada de investigar y sancionar a los responsables de las fallas administrativas será la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Pérez Salazar mencionó que, de acuerdo con el principio de posterioridad que rige al OFS, la auditoría que se realizó al Programa Guanajuato Seguro, mejor conocido como Proyecto Escudo, corresponde al mes de diciembre de 2012.
Fue en dicho mes cuando se contrató a Seguritech Privada S.A. de C.V., luego de que se le asignara el Proyecto de manera directa. Fue también en diciembre de 2012 cuando se le entregó a la empresa un anticipo por 200 millones de pesos.
El servidor público anotó que año con año se seguirá revisando el gasto para el Programa Guanajuato Seguro y que se está por iniciar la revisión que corresponde al año 2013.
“Cada año, por el principio de anualidad que tiene el gasto al programa Guanajuato seguro se le volvió a asignar presupuesto en el 13. Si hay necesidad de seguir asignándole presupuesto, lo harán en el 14, en el 15 y los años que sean necesario por consideración tanto del indiciante como del Congreso del Estado”.
Pérez Salazar dio a conocer que, de ameritarlo, los funcionarios que reciban una sanción administrativa podrían hacerse acreedores desde una amonestación, hasta una suspensión o inhabilitación.
En octubre de 2013 el OFS realizó cinco observaciones al proceso de contratación de la empresa Seguritech para encargarse del Proyecto Escudo. Éstas son:
1. Autorización del contrato sin aval del Congreso.
2. Autorización por parte la Secretaría de Finanzas, cuando ésta es una competencia del Gobernador.
3. Asignación directa a Seguritech sin comprobar de manera puntual que es la empresa más calificada para realizar el Proyecto.
4. No se especifican los precios unitarios del material a utilizar.
5. No hay claridad en las cláusulas de garantía del contrato.
