El funcionario de la contraloría municipal Ricardo Romero Tapia, consignado por su participación en el asalto a una tortillería el sábado anterior, está protegido por las leyes laborales por lo que el lunes, martes y miércoles, cobraría su salario íntegro ya que tiene derecho a una ausencia de tres días antes de que sea dado de baja.
Todavía este martes, se encuentra en la nómina municipal y el miércoles por la tarde, su contrato será retirado pues, entonces, cumplirá los tres días de inasistencia que marca la ley, según reveló el contralor José Cruz Hernández Moreno.
Sería el 31 de marzo próximo cuando concluya el contrato de Romero Tapia con el gobierno municipal, fue contratado como capturista de datos y recibía un salario de 6 mil 400 pesos con un horario de 8:00 de la mañana a 15:00 horas de lunes a viernes.
El contralor confirmó que el trabajador fue contratado bajo su visto bueno, al tratarse de una persona que cubría el perfil requerido, “él tenía antecedentes laborales de capturista de datos, incluso tenía estudios de Derecho de dos semestres. Estaba al servicio de una coordinación administrativa y pues no tenemos queja de nada”.
Agregó que al momento de su contratación su carta de antecedentes penales estaba limpia, por lo que la noticia también le cayó de sorpresa, puesto que entre su historial laboral en la administración pública figura su puntualidad y responsabilidad en sus labores.
El contralor indicó que por el momento, queda esperar a que cumpla los tres días de incumplimiento laboral a fin de rescindir su contrato, luego de que la misma familia del acusado informara sobre la situación el lunes por la tarde.
Recordemos que el trabajador del municipio fue detenido el sábado por la tarde junto con otras dos personas, un expolicía y un exmilitar, luego de protagonizar un enfrentamiento a disparos afuera de una tortillería que habían asaltado en el Barrio San Miguel y donde un cuarto participante murió de un disparo.
En tanto, Luis Gerardo Gutiérrez Chico, dirigente del PRI en León, afirmó que el hecho de que un empleado de la Contraloría Municipal se vea involucrado en hechos delictivos puede dañar la imagen de la dependencia.
“Normalmente sabemos que los delincuentes se dedican a ello por falta de trabajo, por gusto, por una organización criminal pero tener conocimiento cuando un funcionario público o cuando un policía están involucrados en estos temas lo que pasa es desconfianza hacia la sociedad, es desencanto y eso es lo que menos podemos provocar hoy en día a la sociedad,
Dijo que los exámenes y pruebas que se realizan para detectar adicciones o malas prácticas en servidores públicos deben convertirse en una tarea continua.
