Amnistía Internacional llamó a las autoridades del estado de Jalisco para que se garanticen los derechos humanos de los manifestantes que protestan contra la construcción de la presa El Zapotillo; el llamamiento lo realizó a través de un boletín electrónico que colocaron en su sitio web.
La agrupación internacional, se refiere al paro de varios integrantes de agrupaciones sociales y comuneros de poblados que se verán afectados por la construcción del embalse y del proyecto hidráulico y consideró que “la protesta contra la construcción de la presa, es el resultado de la negación de las autoridades a respetar y garantizar los derechos de las personas afectadas por la presa y el incumplimiento de una orden judicial para suspender las obras”.
En el comunicado, que se atribuye a Rupert Knox, investigador en México de AI, se dice que “es esencial que las fuerzas de seguridad pública no abusen de los derechos humanos de los manifestantes”
Desde hace varios años, las autoridades federales, de Jalisco y Guanajuato han promovido la construcción de una presa que inundará las comunidades rurales de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Los habitantes de la zona han objetado al proyecto y han promovido recursos legales para reclamar sus derechos que serán perjudicados por la construcción de la obra.
Una sentencia de amparo del Juzgado Primero de Distrito Auxiliar en Guadalajara, Jalisco de 31 de enero de 2011 concluyó que, con la planeación y construcción de la presa, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales habían violado garantías constitucionales como el derecho a la igualdad, medio ambiente adecuado, vivienda digna, información, consulta, propiedad y libertad de cultos, entre otros.
De igual modo, la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de diciembre de 2009 concluyó que la planeación y construcción de la presa violó “los derechos, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud.”
Las instituciones responsables, sin embargo, han presentado varios recursos de revisión contra el amparo y han continuado con la construcción de la presa.
“Las autoridades deben cumplir con la orden de suspensión de las obras y garantizar los derechos humanos de todos los afectados por el proyecto, y cumplir con su obligación de realizar una consulta participativa y genuina,” dijo Rupert Knox.
