Este jueves la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió recomendaciones al alcalde de León Ricardo Sheffield, entre las que pide ofrecer una disculpa a los afectados y sancionar a los responsables de malos tratos contra personas detenidas, por faltas administrativas dentro de las instalaciones de la Central de Policía; también se pidió a la Procuraduría de Justicia investigue el caso.
En un principio la procuraduría abrió los expedientes 122/11 y 123/11 correspondientes a los dos videos en los que mediante una investigación se comprobaron hechos violatorios contra la dignidad de las personas y los derechos de los detenidos.
Cabe recordar que los videos trasmitidos en Zona Franca, en donde en el primero muestra un trato humillante de un uniformado a un detenido en las instalaciones de CEPOL poniente, al requerirle desnudarse para su revisión.
La Oficina del Ombudsman, una vez concluidas las investigaciones, pudo acreditar la indebida actuación de servidores públicos que trasgreden garantías fundamentales.
En el segundo de los videos en el que presuntamente se muestra a menores de edad que permanecen esposados en el interior de los separos preventivos municipales de León, la procuraduría también advirtió hechos violatorios contra los derechos humanos.
El Ombudsman guanajuatense también dio vista a Carlos Zamarripa, titular de la Procuraduría de Justicia estatal para que se investiguen estos hechos e informe los resultados de esta.
“Gire instrucciones por escrito a quien legalmente corresponda, a efecto de que se dé inicio a una averiguación previa por los hechos materia génesis del presente expediente de queja y determine lo que en derecho corresponda; asimismo, en el momento procedimental oportuno, informe a este Organismo el resultado de la determinación final emitida por la Representación Social que conozca del asunto”.
A continuación de manera textual las 5 recomendaciones que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al presidente municipal de León en respuesta a los actos anteriores.
Al PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
Licenciado FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA:
PRIMERA.- Instruya al Secretario de Seguridad Pública municipal de León, licenciado Salvador Echeveste Guerrero, suscriba a nombre de la Secretaría que encabeza, una carta de disculpa al ofendido (en el primer caso) por los actos de agresión a la dignidad humana cometidos en su agravio, manifestando un rechazo enérgico y absoluto a conductas de dicha naturaleza, especialmente en aquellas personas que se encuentren en calidad de detenidas y bajo el resguardo de la Dirección de Oficiales Calificadores; asimismo, dicha misiva deberá contener un reconocimiento de responsabilidad institucional y otorgar garantías efectivas de no repetición a la sociedad leonesa, por los actos materia de la presente queja (expediente 122/11-A y 123/11-A).
SEGUNDA.- Instruya a quien corresponda con la finalidad de que se realice una supervisión exhaustiva de los procesos y procedimientos de control y verificación de las actividades de la Dirección de Oficiales Calificadores del municipio de León, que redunde en la protección y respeto de la dignidad humana de las personas detenidas y; en concreto, se les ordene que por ningún motivo ni circunstancia deben despojarlos de sus ropas y desnudarles, ni esposarlos en las rejas de las celdas donde se encuentren privados de su libertad. Lo anterior conforme a los argumentos expuestos en el caso concreto de la presente resolución.
TERCERA.- Sancione, previo procedimiento disciplinario correspondiente y de acuerdo al grado de la falta cometida, a:
Jorge Luis Galván Valdivia, custodio de los separos preventivos del municipio que preside, a quien plenamente se identificó en la videograbación que fuera objeto de investigación en el presente asunto y de quien se tiene el reconocimiento expreso de haber dado la orden de despojar de sus ropas al agraviado.
Con independencia de que el licenciado Raúl Arroniz Alvarado, otrora Oficial calificador del municipio que preside ya no labore para la administración pública de León, se siga un procedimiento administrativo en su contra con relación a los hechos que le fueron imputados consistente en haber dado la orden a Jorge Luis Galván Valdivia, custodio de los separos preventivos de desnudar al quejoso (expediente 122/11-A), y por haber permitido y consentido que se esposara indebidamente a distintas personas al interior de las celdas (expediente 123/11-A), pues la responsabilidad administrativa continúa vigente; ello en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.
CUARTA.- Se refuerce la capacitación a todo el personal de la Dirección de Oficiales Calificadores del municipio de León, respecto a la normativa que les rige, así como en materia de derechos humanos, a fin de que conozcan los límites de su actuación y los derechos que posee toda persona detenida y, con ello, puedan de esta manera realizar su labor sin violentar la dignidad humana.
En concreto, la capacitación solicitada versará sobre las obligaciones consagradas en el Reglamento Interior de la Dirección General de Oficiales Calificadores del Municipio de León, Guanajuato, específicamente en lo dispuesto en los artículos 15 y 32 y sus respectivas fracciones.
QUINTA.- Como medida de satisfacción, el municipio de León, a través de la Dirección de Oficiales Calificadores, deberá diseñar de manera institucional y con enfoque en derechos humanos:
Una Campaña publicitaria de difusión de los derechos de las personas detenidas por faltas administrativas (verbigracia: carteles). La campaña deberá expresar de manera enérgica el rechazo a todo acto de agresión cometido en contra de la dignidad humana.
La publicidad en cita deberá ser distribuida y colocada en un lugar visible en todas y cada una de las oficinas administrativas y operativas de los centros de detención de personas que existan en la administración municipal de León.
Con esta van alrededor de cuatro recomendaciones que emite la procuraduría al gobierno del presidente Ricardo Sheffield Padilla entre ellas está la detención de personas inocentes y que fueron acusadas por la Secretaría de Seguridad, en aquel entonces encabezada por la mayor María Guadalupe Anguiano y puestas en libertad inmediatamente por falta de pruebas, también recibió recomendaciones por maltrato a comerciantes indígenas.
Además en lo que va de este año se abrieron 27 expedientes de quejas por ejercicio indebido de la función pública, lesiones, detenciones arbitrarias y allanamiento de morada.
