Aunque la procuraduría estatal acreditó que 26 policías de Coroneo y Jerécuaro participaron en homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de enervantes como parte de la estructura delincuencial de La Familia Michoacana, un juez local liberó a los inculpados y pide, además, que las autoridades prueben la existencia de esa agrupación delincuencial.
En ese marco, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre, anticipó que apelará la decisión del juez local en instancias federales pues aunque “he dicho que nuestra postura es de respeto ante cualquier resolución”, advirtió que la decisión que tomó el juez sustituto en Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, generó inconformidad.
Vea aquí los documentos con los argumentos del juez.
EL ANTECEDENTE
Fue el 11 de mayo pasado que las autoridades federales y estatales realizaron un operativo en el municipio de Coroneo y Jerécuaro donde, a decir de Carlos Zamarripa, se comprobó que los elementos de seguridad pública estaban vinculados con delitos federales e, incluso, reveló que una de esas agrupaciones que son perseguidas por el gobierno federal, La Familia Michoacana, hacía pagos en efectivo a los policías.
Aquel día el procurador Carlos Zamarripa informó que el jefe de la policía de Coroneo, Rafael González Escobedo, recibía hasta 12 mil pesos mensuales de mano de Sergio Moreno Godínez, alias “El Amarillo”, uno de los operadores de Servando Gómez “La Tuta”, este último considerado el líder de la banda criminal autodenominada “La Familia Michoacana”.
Según las investigaciones federales y respaldadas por las que realizó la autoridad federal para conocer el avance del crimen organizado en la entidad, los policías de Jerécuaro y Coroneo permitían incluso que las armas de los sicarios de esa agrupación fueran depositadas en las instalaciones oficiales.
Tras el auto de libertad que dictó el juez local, las autoridades estatales consideran que los inculpados habrían huido de la entidad pues, incluso, fueron avisados casi 36 horas después de su soltura.
EL TEMA JURÍDICO
Este lunes y tras recibir la notificación oficial del juez sustituto del Juzgado Primero Penal del Partido Judicial de Valle de Santiago, Ernesto Aguilera Razo, de la formal liberación de los 26 aprehendidos acusados de su participación en la comisión del delito de delincuencia organizada y delitos contra la salud, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato convocó a una conferencia de prensa para fijar la postura formal tras la liberación.
El sábado, cerca de las 13:30 horas, según el procurador, recibieron la información de personal de los custodios del penal de Valle de Santiago quienes informaron de la liberación de los servidores públicos acusados de estar coludidos con grupos criminales.
Ante tales hechos, el procurador Zamarripa Aguirre declaró la tarde del lunes que si bien el juez que liberó a los inculpados primero calificó de legal la detención, pidió que se acreditara el cuerpo del delito y para que ello ocurra se tendrá que acreditar la existencia de la agrupación criminal que se autodenomina La Familia Michoacana.
“El juez interino de Valle de Santiago estima que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito porque, entre otros argumentos, expone que no existe prueba de la existencia de la organización delictiva y apunta textualmente que la fiscalía de la federación, no acredita plenamente que dicho grupo que, denominado como La Familia Michoacana, efectivamente se dedique a delinquir en forma reiterada”, por eso los liberó.
Agrega además que para acreditar la existencia de esa agrupación, la procuraduría “debió aportar medios de prueba idóneos y suficientes en la indagatoria para corroborar su existencia y, más aún, probar, que efectivamente resulta ser un grupo delictivo que tenga un sistema jerarquizado y de división del trabajo”.
Por tal motivo, advirtió que la procuraduría apeló ya el inédito argumento, empleado por primera vez en la historia contra el crimen organizado, para liberar a presuntos delincuentes vinculados a esa agrupación delincuencial.
En la conferencia de prensa asistieron también los titulares de la Subprocuraduría de Inteligencia Especializada (SIE), Cesar Augusto Gasca Toledo y de la Policía Ministerial Estatal, René Urritia, los encargados en físico de los operativos.
Si bien confió que el juzgado federal de la razón a la procuraduría para sostener el proceso penal en contra de los detenidos en Coroneo y Jerécuaro, también consideró que para el momento que esté resuelto y se giren las órdenes de presentación de los liberados, es posible que ellos hayan huido.
ERAN INVESTIGADOS EN QUERÉTARO
Una investigación pendiente por integrar vendría en colaboración con las autoridades de Querétaro, donde el director de seguridad pública de Coroneo, Rafael González Escobedo, habría participado también en varios delitos en aquella demarcación.
Zamarripa Aguirre reveló que su homólogo de la entidad vecina tenía ya una investigación que apuntaba a los elementos del municipio panista de Coroneo “solicitó la presentación de varios elementos que están involucrados en ejecuciones y se me ha informado que, de acuerdo con la versión de los elementos, quien se encargaba de hacer la entrega de personas, era el director de Coroneo, ahora libre.
“Esta es una investigación paralela en Querétaro, con el mismo resultados, participación de los agentes de la policía, ante hechos de que los cuerpos de sus víctimas fueron arrojados en Querétaro”, mencionó Zamarripa.”
“NO ES UNA REVISIÓN”
Carlos Zamarripa Aguirre, procurador de Guanajuato, aclaró que las acciones que ha emprendido el estado de Guanajuato no tiene como objetivo una depuración policíaca ni tampoco una limpia de elementos en las corporaciones, sino que las acciones que se han dado ahora, son resultados colaterales de una serie de investigaciones emprendidas desde la federación y que coinciden con informes de las autoridades locales.
El procurador informó que la intervención a las direcciones de seguridad pública en Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao, Moroleón y Uriangato no es el objetivo de los operativos “esa no es la finalidad de las investigaciones que estamos realizando, es una consecuencia, pero el operativo no es de revisión de las corporaciones policíacas sino de una estrategia de combate al delito, sobre todo, de combate al delito, todo es parte de una estrategia y no voy a anunciar qué municipios siguen”.
No obstante y frente al envalentonamiento de la alcaldesa de Celaya, Rubí Laura López Silva de que en su municipio la depuración estará a cargo de lo local, el procurador Zamarripa advirtió que en el cronograma de intervenciones está Celaya “si, sí está Celaya y seguirá esta situación”, concluyó el procurador.
