La determinación del consulado norteamericano en Monterrey para lanzar una alerta de viaje a sus connacionales que viajen hacia el centro del país, derivada del atentado cometido contra dos agentes de inmigración de ese país, ha desatado una nueva oleada de furor nacionalista entre nuestros hombres públicos, que no pierden oportunidad para envolverse en la bandera nacional, ante la incapacidad palmaria que muestran para resolver los problemas reales que padecemos.
La advertencia es un procedimiento normal, es una llamada a tener cuidado en el tránsito por una carretera cuya peligrosidad ha quedado evidenciada no sólo por el incidente donde perdiera la vida el agente Jaime Zapata, sino por un continuo rosario de incidentes que lamentablemente, por afectar a ciudadanos mexicanos, no generan ningún tipo de reacciones de nuestro gobierno.
Se trata, desde luego, de pésima propaganda para un país que tiene en la industria del turismo uno de sus bastiones de ingreso de divisas y de sostenimiento de la economía. Sin embargo, si se piensa con objetividad, la alerta no debería ser el tema, sino aquello que la provocó y que puede seguir afectando la imagen del país: la extrema violencia acompañada de impunidad que afecta indiscriminadamente tanto a quienes están vinculados con actividades delictivas como a inocentes absolutos.
En ese contexto, desentonan sin recato las declaraciones de algunos respetables miembros de nuestra poco atinada clase política, los cuales transitan desde la minimización absoluta de los problemas, hasta el oportunismo rampante para tratar de ganar espacios en los medios, colgándose de las circunstancias.
El gobernador Juan Manuel Oliva optó, como es costumbre, por no dar importancia al tema y calificó de exagerada la alerta, dejando de lado sus posibles consecuencias económicas. El alcalde de León, Ricardo Sheffield, fue más allá: responsabilizó a los medios de malinterpretar el comunicado del consulado norteamericano.
El senador Ricardo Torres Origel, fiel a su estilo, lamentó la vecindad de México con los Estados Unidos y, mostrando pocas ganas de forzar las neuronas, cayó en el lugar común de asegurar que en esta guerra “México pone los muertos y Estados Unidos pone las armas”.
Pero el campeonato de los desfiguros lo ganó el senador sanmiguelense Luis Alberto Villarreal, que aprovechó un reunión protocolaria a la que asistió como miembro de la comisión de relaciones exteriores del Senado, para tomarse una foto con el embajador norteamericano Carlos Pascual y anunciar en su Twitter, con bombo y platillo: “Dice el Embajador Pascual que de ninguna manera hay una alerta para no viajar a GTO, sino un aviso a sus ciudadanos a tener cuidado.” Ufff, menos mal.
En todo el sainete, lo único que se aprecia es la enorme superficialidad de quienes están encargados de regir los destinos comunitarios o de actuar en su representación. Unos quisieran escurrir el bulto; otros, más vivos, lo ven como una posibilidad de proyectarse.
Sin embargo, a todos parece importarles un cacahuate la causa real del incidente: la insoslayable violencia que padece este país, incluyendo Guanajuato, donde por más que se quiera minimizar no han desaparecido las ejecuciones y los atentados, semana con semana.
De no atenderse ese tema, por más que se manejen políticas de control de daños, las inconformidades crecerán y no se limitarán a los exabruptos declarativos de una potencia extranjera.
